En diciembre Ecuador recibiría los $ 700 millones finales: tras cumplir metas cuantitativas, aunque no todas las cualitativas.
El cierre del acuerdo con el FMI representaría un hito histórico porque “sería la primera vez en décadas que logremos culminar con un acuerdo con dicho organismo multilateral”, dijo en estos días Arosemena. Pero además significará un aval para el Ecuador de cara a los mercados internacionales y una demostración de que el país ha logrado tener una economía, dictada por el presidente Guillermo Lasso, de orden fiscal con enfoque social. En gobiernos anteriores, a pesar de haber pactado acuerdos, finalmente no llevaban a cabo los compromisos y se terminaban los acuerdos pero por incumplimiento.
Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, es una realidad que se va a cerrar el acuerdo con el FMI, pues la evaluación corresponde a agosto y el país ha cumplido con las metas cuantitativas, aunque no así las cualitativas, como las auditorías de Petroecuador o mantener cuentas más claras con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En todo caso, considera que para el FMI esto no será un factor que impida el cierre.
Sin embargo, piensa que para el país resulta un desafío quedarse sin el respaldo del FMI en el 2023, pues representaba una garantía del compromiso del Ecuador con la sostenibilidad fiscal. Explica que actualmente Ecuador sí tiene unos mejores indicadores fiscales, ha habido un proceso gradual de corrección, pero que ni de lejos la casa está en orden. Expone, sin embargo, que el orden fiscal no se puede conseguir de un año a otro, sino que es un proceso.
Cree que el país seguramente seguirá buscando un mecanismo para demostrar que sí está comprometido con el orden en las finanzas públicas. En este sentido, Acosta Burneo refiere que ya se han conocido las intenciones del Gobierno de buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pero que sería sin financiamiento, pues en la actualidad el Ecuador ya no tiene más cupo para un nuevo endeudamiento con ese multilateral. En todo caso, dice que podría optar por un programa de emergencia, que le podría facilitar tal vez unos $ 1.300 millones, pero cuyo requisito es justamente tener un acuerdo con el FMI sin financiamiento. Esa relación con el FMI garantiza el compromiso del país con la sostenibilidad. Esto es algo muy importante de cara al 2023, cuando se podrían generar presiones políticas para mayor gasto. No obstante, comenta que la preocupación sobre el futuro del país está presente, sobre todo porque en 2025 habrá un cambio de Gobierno que probablemente pueda dar paso a otra política de gasto más irresponsable.
Entre tanto, Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, también considera que sí se terminará de manera positiva el acuerdo. Precisa que el Ecuador va a terminar el año con un déficit fiscal de entre $ 2.200 millones y $ 2.500 millones, que es lo que estaba previsto con el FMI. Sin embargo, aclara que la situación de la economía ecuatoriana no es del todo buena. Es que los fondos de la caja pública están bajos. Da solo un ejemplo: para pagar los décimos, el fisco necesita el desembolso del fondo. Advierte que el próximo año va a ser un año extremadamente crítico, pues el déficit va a ser mucho más elevado. Esto porque no van a obtenerse los ingresos que se esperan, el gasto aumenta y las necesidades de financiamiento son casi imposibles de cumplir.
Carrera coincide con Acosta en que hay incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal del 2023, sobre todo con la amenaza de la derogatoria de la ley tributaria y la ingobernabilidad que hay en el país. Sobre la ley, Carrera aclara que el presidente tiene la carta del veto, pero en diciembre del próximo año probablemente la Asamblea reúna los 100 votos y la deroguen. A este panorama se suma la incertidumbre de lo que pasará en 2025 cuando toque elegir entre las tendencias políticas, seguramente del sector indígena o de los correístas. Esto llevaría también a que en 2026 se declare no pago de la deuda. “Es una realidad muy compleja del país”.
En mayo del 2018, el exministro de Economía Richard Martínez, durante el gobierno de Lenín Moreno inició negociaciones con el FMI para un acuerdo financiero. Sin embargo, este no prosperó. Luego con la llegada de la pandemia hubo un nuevo intento que se llevó paralelamente a la renegociación de la deuda externa del mercado de bonos. Así, en agosto del 2020 se logró el acuerdo de deuda y casi en paralelo el acuerdo con el FMI lo que representaría financiamiento por $ 6.500 millones en 27 meses. La mayor parte de estos recursos los recibió el gobierno de Moreno en el 2020 ($ 4.000 millones).
Fuente: El Universo
