El largo litigio iniciado por Chevron contra Ecuador llegó a su final, la noche de este lunes 8 de diciembre de 2025. Un Tribunal Arbitral ordena al Estado ecuatoriano pagar USD 220 millones a la petrolera estadounidense, un monto muy inferior a los USD 3.350 millones que demandaba la compañía.
La pretensión de las demandantes ascendía, con intereses, a más de USD 3.350 millones. El Tribunal, aceptando la mayoría de los argumentos presentados por la defensa del Estado, ha determinado una indemnización total de USD 220’806,941.94, precisó el comunicado de la Procuraduría General del Estado.
En consecuencia, Ecuador se ha evitado el pago de más de USD 3,130 millones, “lo que representa una reducción del 93.4% del valor total pretendido», indica la Procuraduría General del Estado.
La entidad continuará representando a Ecuador en la cuarta fase del proceso arbitral, relativa a la determinación de las costas del arbitraje. Paralelamente, el laudo emitido se encuentra bajo un análisis técnico-jurídico detallado, a fin de evaluar la viabilidad y conveniencia de eventuales actuaciones posteriores.
El origen de la disputa
Para entender el histórico litigio entre el Estado ecuatoriano y la petrolera estadounidense hay que remitirse hasta la operación de la multinacional petrolera Texaco en Ecuador.
Texaco operó entre 1964 y 1990 en consorcio con la petrolera estatal Petroecuador en la zona de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana. Durante ese tiempo, Texaco vertió más de 80.000 toneladas de residuos tóxicos y petróleo en un área de cerca de 500.000 hectáreas, afectando poblaciones indígenas locales.
Las comunidades demandaron, por primera vez, a Texaco el 3 de noviembre de 1993. La demanda se planteó a nombre de 30 000 afectados, en una corte de los Estados Unidos.
Chevron compró Texaco en 2001 y heredó el pleito con Ecuador. El Estado ecuatoriano y las comunidades indígenas demandaron a la petrolera por este desastre, buscando compensación y remediación, lo que llevó a juicios millonarios en Ecuador que Chevron desconoció, alegando fraude y corrupción en el sistema judicial ecuatoriano, mientras Ecuador buscaba ejecutar la sentencia en el extranjero.
