El Estado ecuatoriano fue absuelto en un proceso de arbitraje internacional por protección de inversiones, tras una demanda presentada por una empresa de casinos y juegos de azar, ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, en 2022.
La empresa estadounidense Lynton Trading demandó al Estado ecuatoriano por supuesto perjuicio a sus inversiones en Ecuador, tras la prohibición de casinos y salas de juego en el país y pedía una indemnización al Estado por USD 217 millones.
La empresa operó en Ecuador con ocho casinos y 16 salas de juegos de azar, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta, por alrededor de 10 años, hasta marzo de 2012.
Un decreto ejecutivo, del 16 de septiembre de 2011, establecía que todos los establecimientos dedicados a juegos de azar debían cerrar de manera inmediata, salvo aquellos que se encontraran en hoteles de lujo y primera categoría.
Motivo de la demanda
La empresa argumentó un perjuicio a sus inversiones en la industria de los juegos de azar en Ecuador, como consecuencia del decreto ejecutivo con el que se ordenó el cierre de estos establecimientos y la incautación de sus equipos de juegos de azar por parte de la Policía Nacional.
Según la empresa, esas medidas constituían incumplimientos al Tratado de Protección y Promoción de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, explicó Francisco Paredes, socio fundador del estudio jurídico Laudenlaw, que representó a Ecuador ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya, según refirió el medio PRIMICIAS.
El dictamen de la Corte de Arbitraje de La Haya
El Tribunal resolvió que carece de jurisprudencia para examinar los reclamos presentados, debido a que la compañía demandante no desarrollaba actividades comerciales importantes en territorio estadounidense desde su constitución, lo que le impedía acogerse a los beneficios del tratado de protección.
Como parte del fallo, la Corte ordenó a Lynton Trading el pago de los honorarios de la Procuraduría General del Estado y de gastos de viaje de su personal a La Haya.
Además, le ordenó el pago de USD 288.000 por costas costas o gastos del proceso realizados por el Estado ecuatoriano. Y el pago USD 1,2 millones por los honorarios y gastos de abogados externos y peritos, contratos por la Procuraduría.
