Judith, seis años, española de padres ecuatorianos, no comprende muy bien porqué porta en sus manos el estandarte tricolor en medio de una riada de carteles con una leyenda predominante: “Juicio y castigo para los culpables”. Escucha, absorta, consignas como “No es una crisis, es una estafa”, “Tenemos la solución: los banqueros a prisión”. La pequeña simplemente camina por las calles de Madrid, de la mano de su madre, María Morocho.
A su alrededor cientos de personas marchan convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) bajo el lema “Contra la impunidad financiera. Contra la estafa hipotecaria. Por el derecho a la vivienda”. Desahuciados, unos; candidatos potenciales a serlo, otros. Judith ignora que sus progenitores están a punto de perder el piso de 80 metros cuadrados que compraron en 2006 por 237.000 euros. Desde 2010, no pagan las cuotas mensuales de 1.650 porque sus ingresos no superan los 800. Esta tarde asistieron a la manifestación organizada por la PAH porque esperan conseguir que la presión en la calle sensibilice a los banqueros y les conceda la dación en pago (saldar la deuda con la entrega de la casa). Su lucha es también la de Ivón Elizalde. Esta mujer nacida en Machala, divorciada y madre de dos hijos, carga con una deuda de 160.000 euros. Gana apenas unos 200 al mes y subsiste gracias a la caridad.
