El Gobierno de Estados Unidos decidió ajustar el alcance de sus sanciones contra Venezuela para permitir que se financie la defensa legal de Nicolás Maduro, quien enfrenta un proceso judicial en Nueva York.
La medida se conoció a través de un documento presentado ante un tribunal federal, en el que se detalla que ahora se habilita el pago de honorarios a los abogados del exmandatario bajo ciertas condiciones. El cambio responde a cuestionamientos sobre si las restricciones económicas estaban limitando su derecho a contar con una defensa adecuada.
El caso se desarrolla en una corte federal de Manhattan, donde también está involucrada su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y han rechazado las acusaciones en su contra.
La defensa de Maduro había advertido que las sanciones impedían cubrir los costos legales, lo que, a su criterio, afectaba principios básicos del sistema judicial estadounidense. Incluso se planteó la posibilidad de solicitar la nulidad del proceso si no se garantizaban las condiciones para ejercer el derecho a la defensa.
Durante las audiencias, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, reconoció la relevancia de este punto y subrayó que el acceso a un abogado es un derecho fundamental dentro del marco constitucional.
Hasta ahora, las sanciones impedían el uso de recursos del Estado venezolano para este tipo de gastos, como parte de la presión internacional ejercida en años recientes.
Sin embargo, con esta modificación, Washington busca evitar que el proceso judicial se vea comprometido por cuestionamientos legales. El cambio no implica el levantamiento de las sanciones, sino una excepción puntual para asegurar que el juicio continúe sin obstáculos relacionados con la defensa.
El proceso contra Maduro sigue en curso y se mantiene como uno de los casos más sensibles dentro de la relación entre ambos países.
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