En Babahoyo, provincia de Los Ríos, el Ejército ecuatoriano, en coordinación con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y el ECU 911, desmontó 54 cámaras de videovigilancia ilegales utilizadas por bandas criminales. Los dispositivos permitían a las organizaciones monitorear los movimientos de las autoridades y coordinar actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, extorsión y control territorial.
El operativo se ejecutó el 8 de diciembre de 2025 y forma parte de una serie de acciones para fortalecer la presencia estatal en la provincia más violenta del país. Actualmente, cerca de 1.500 militares realizan operaciones permanentes en los 13 cantones de Los Ríos, con el apoyo del Bloque de Seguridad, en un esfuerzo por reducir los índices de criminalidad que se han disparado desde inicios de 2024.
Las autoridades detallaron que los dispositivos ilegales eran empleados por las bandas Los Choneros y Los Lobos, que compiten por el control de rutas de droga, bodegas y territorios estratégicos. Esta pugna ha generado un incremento significativo de asesinatos, secuestros en carreteras y extorsiones a comerciantes y transportistas.
El Ejército detectó las cámaras mediante labores de inteligencia y coordinó el desmontaje con técnicos de la CNEL. La acción incluyó la revisión de cada dispositivo para garantizar que no existieran riesgos de seguridad durante la retirada. Según los militares, estos operativos son clave para desarticular las herramientas de vigilancia clandestina que utilizan las bandas para monitorear a la ciudadanía y a las fuerzas del orden.
Los expertos en seguridad señalan que Los Ríos funciona como un corredor y centro de acopio de drogas, aprovechado por grupos criminales debido a su geografía y presencia limitada del Estado en zonas rurales. La competencia entre Los Choneros y Los Lobos ha derivado en agrupaciones locales que operan bajo intereses económicos, aumentando la violencia en cantones como Babahoyo y Quevedo.
El Ejército ecuatoriano reafirmó su compromiso de mantener la seguridad en Los Ríos, reforzar la acción del Estado en zonas conflictivas y desarticular las estructuras criminales que afectan la paz y el orden público.
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