El Congreso de Brasil suspendió este 2 de junio de 2026, en una votación relámpago, una norma que garantizaba el acceso al aborto legal a niñas y adolescentes víctimas de violación, uno de los tres supuestos permitidos por la legislación del país.
El texto aprobado en el pleno de la Cámara Alta dejó sin efecto una resolución del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda) que establecía una serie de disposiciones sobre cómo actuar en los casos de menores embarazadas por violación.
La normativa suspendida aseguraba, por ejemplo, que los familiares no pudieran interferir, ni anular la voluntad de la menor, y garantizaba a estas asistencia jurídica gratuita para la protección de sus derechos.
En este sentido, blindaba el interés absoluto de la víctima, a la que aseguraba «sigilo, autonomía y el derecho de ser escuchada sin sufrir nuevas violencias por parte de las instituciones», evitando la revictimización de la menor.
El Senado, de mayoría conservadora y que analizó el asunto en menos de dos minutos, suspendió la resolución del Conanda, ya que consideró que este superó sus propias competencias.
Actualmente, la legislación brasileña solo permite la realización del aborto cuando el embarazo es producto de una violación, en caso de que se demuestre una malformación cerebral del feto o cuando suponga un riesgo para la vida de la madre.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en 2025, cerca de 275.000 bebés nacieron de madres adolescentes. De ese total, alrededor de 11.600 fueron concebidos por niñas de entre 10 y 14 años.
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