El Consejo Constitucional de Chile aprobó la propuesta de nueva Carta Magna que se someterá a plebiscito en diciembre

El texto, compuesto por 17 capítulos y 216 artículos, contó con los votos a favor del Partido Republicano (22) y la coalición Chile Vamos (11), y los votos en contra de los 17 consejeros de la izquierda oficialista.

El órgano, elegido en las urnas el pasado mayo, entregará oficialmente el 7 de noviembre al presidente Gabrie Boric la propuesta de Carta Magna, que tiene altas probabilidades de ser rechazada en el referéndum, según todas las encuestas.

“Hemos elaborado un texto que tiene el potencial de convertirse en una herramienta fundamental para sacar al país del estancamiento, la inseguridad y la inestabilidad política y social”, dijo en su última intervención la presidente del Consejo, Beatriz Hevia.

Los defensores del texto argumentan que garantiza “libertad” y “seguridad” y da “certezas económicas y jurídicas” al país, mientras que sus críticos lo tachan de “partidista” y dicen que perpetúa el modelo neoliberal que instaló la Constitución actual, vigente desde la dictadura (1973-1990) y reformada decenas de veces en democracia.

Consejeros constitucionales participan en una votación final sobre reformas constitucionales, en la antigua sede del Congreso Nacional en Santiago (AP Foto/Esteban Félix)

“Estaban dadas las condiciones para alcanzar el objetivo de construir un gran acuerdo. Es lamentable constatar que esa voluntad no estuvo de parte de algunos”, apuntó Edmundo Eluchans, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).

El socialista Alejandro Köhler lamentó también la “falta de acuerdos” pero culpó a las derechas por “imponer un texto excluyente, dogmático, retrógrado y polarizante (…) que favorece solamente a los empresarios y a los poderosos, a los privilegiados de siempre”.

Entre los artículos más polémicos destacan “el derecho a la vida de quien está por nacer” -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.

Otro artículo establece que los condenados a penas privativas de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de la pena “por la reclusión domiciliaria” en casos de existir una enfermedad terminal. La izquierda chilena afirma que el artículo favorecerá a los recluidos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1990.

Sobre los pueblos indígenas, que la constitución vigente no menciona, la nueva los reconoce como parte de la nación chilena y agrega que el Estado promoverá sus derechos individuales y colectivos.

“La Constitución que estamos proponiendo es mejor que la actual, mucho mejor, porque se hace cargo de los desafíos de un Chile muy diferente al de 1980″, indicó el republicano Luis Silva, uno de los consejeros más mediáticos.

La izquierda tampoco está conforme con cómo ha quedado el Estado social de derecho, una de sus aspiraciones históricas, y denuncia que hay artículos que perpetúan el actual Estado subsidiario y consagran constitucionalmente el sistema privado de salud o el criticado modelo de pensiones de capitalización individual.

Gabriel Boric, presidente de Chile (EFE/ Daniel Piris)

“Construyeron una Constitución sin derechos sociales garantizados, con un Estado social de derecho de papel”, agregó el consejero comunista Fernando Viveros.

Se trata del segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista.

Si este nuevo texto finalmente se rechaza en diciembre, seguirá vigente la actual Constitución y el Gobierno del presidente Gabriel Boric ya ha adelantado que no impulsará un tercer proceso.