Usando dos ramos de hierbas verdosas, el consejero Francisco Bravo hizo una especie de limpia a la silla principal de la sala de sesiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Luego, procedió a sentarse ahí Hernán Ulloa, nuevo presidente de la institución. A su izquierda, María Fernanda Rivadeneira, nueva vicepresidenta del Cpccs.
Alrededor de cinco horas duró la sesión ordinaria tres del Pleno, desarrollada ayer, en la que los cuatros consejeros de mayoría aprobaron la designación de autoridades.
“Transparentar la información, esto es sumamente vital”, expresó el nuevo titular del Cpccs.
Ulloa se comprometió a tomar una actitud diferente y anunció que existen cuestiones que van a cambiar. Solicitará que la información sobre contrataciones se eleve a la web institucional para conocimiento de la ciudadanía.
El objetivo de Rivadeneria será enrumbar el Cpccs junto a los otros consejeros. Bravo tomó el juramento de posesión de las autoridades.
Lo ocurrido fue “un evento excepcional pero legal. Que no se diga el día de mañana que la convocatoria no cumplió con el procedimiento del Código Orgánico Administrativo (COA). Esto es una reinstalación que por nosotros fue declarada como permanente”, sostuvo Ulloa.
Se basó en el artículo 12 del Reglamento de sesiones del Pleno del Cpccs. Se determina que “en caso de existir ausencia temporal conjunta del Presidente y Vicepresidente, dirigirá la sesión el Consejero que sea designado por la mayoría absoluta de los Consejeros principales en la sesión”.
Sin embargo, la norma no habla sobre una autoconvocatoria sino de una petición para una convocatoria. Quien presida la institución debe hacer la convocatoria, explicó el constitucionalista Ismael Quintana. La autoconvocatoria es irregular y nombrar un secretario ad doc “vicia de nulidad al acto”, advirtió.
“Si Ulloa se lanzó a hacer esto, tendrá el apoyo del Gobierno. Hubo un cordón policial”, presumió.
Remoción de autoridades
Antes de designar a las nuevas autoridades, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa y Fernanda Rivadeneira reinstalaron la sesión número tres, sin presencia de Sofía Almeida, David Rosero ni Juan Javier Dávalos.
Efectivos de la Policía Nacional se apostaron en los exteriores del Cpccs desde horas de la mañana, mientras los consejeros sesionaban desde las 10:00.
El primer punto del orden del día fue conocer y aprobar el informe técnico del supuesto incumplimiento de funciones de Almeida y de Rosero. Con lo que se dio paso a la remoción de ambos.
Con eso, dejaron de ostentar las dignidades de presidenta y vicepresidente, pero continúan en su calidad de consejeros. No se trata de una destitución.
Estupiñán, por su lado, señaló que la remoción se da por irregularidades, por ejemplo, en los procesos de designación de autoridades. Denunció que en reiteradas ocasiones Almeida impidió un debate técnico. “Nos ha sacado de las sesiones, ha suspendió y no ha permitido que se reinstale. Voto a favor”, afirmó.
Rivadeneira explicó que el Cpccs debía designar a la autoridad de la Contraloría, máximo hasta el 8 de marzo del 2022, pero hasta la fecha no se ha conformado la Comisión Ciudadana de Selección. “Hoy alega que se incumple de funciones de estos consejeros”, cuestionó.
Respecto a Rosero, Bravo argumentó que el exvicepresidente suspendió la sesión ordinaria tres por 13 días y no la justificó. Esto porque Rosero asumió la conducción del Pleno cuando se apeló la presidencia de Almeida.
Rosero se unió a la sesión de forma virtual. Aclaró que la sesión fue convocada para el 15 de febrero de 2022, a las 16:00.
Adujo que no se reinstaló antes porque “existen temas que están en la justicia, como lo interpuesto por una de las partes afectadas (medida cautelar de Almeida para impedir su remoción)”, que hoy se resolverá en una audiencia. Existe otra medida cautelar, presentada por Ulloa, para revocar el primer recurso.
El constitucionalista Quintana considera que la remoción es jurídicamente posible como competencia de un órgano colegiado, de acuerdo al numeral 5 del artículo 55 del COA.
Reacción de Almeida
La ahora expresidenta se encontraba en Guayaquil, desde donde acusó a los consejeros de mayoría como “golpistas” por resguardarse con la Policía para sesionar y removerla. Señaló al Gobierno de presunta injerencia.
“Al presidente de la República, le pido que saque las manos del Cpccs”, expresó la funcionaria. Pasadas las 16:00, llegó a Quito para reclamar su posición y oficina.
CRONOLOGÍA
13 de junio del 2019: El sacerdote José Tuarez presidió la institución. Él y otros integrantes del Cpccs fueron elegidos por voto popular. Pero fue destituido junto a otros tres consejeros, por intentar revisar lo actuado por el Consejo Transitorio, blindado por la Corte Constitucional.
20 de agosto del 2019: Cristian Cruz fue designado como presidente, y el 13 de octubre del 2020 fue destituido por el Legislativo por supuesto incumplimiento de funciones y falta de probidad. Se le cuestionó por su carnet de discapacidad y su licencia de conducir tipo E.
16 de octubre del 2020: Asumió la presidencia Sofía Almeida. Fue vicepresidenta del organismo durante la gestión de Cruz. En su administración se agudizaron los enfrentamientos y se estancaron los concursos públicos.
9 de febrero del 2022: Hernán Ulloa se convierte en el cuarto presidente del Cpccs en tres años, tras la autoconvocatoria de la mayoría de consejeros. Llega al cargo después de un anuncio de juicio político en contra suya de otros tres consejeros.
8 de marzo del 2022: Es el plazo que tiene el Cpccs para designar a la autoridad de la Contraloría, pero hasta la fecha no se ha conformado la Comisión Ciudadana de Selección. Están pendientes otras designaciones de titulares para la Contraloría, la Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo, para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura.
Fuente: El Comercio
