La imputación de delitos contra uno de los fiscales que ha investigado el caso reactiva un episodio que envuelve corrupción y poder
Como si se tratara del nuevo episodio de una intrigante serie, el caso Odebrecht ha vuelto a aparecer en Colombia. Tiene las miradas puestas encima porque toca las fibras del poder. Tras seis años de su estallido, la Fiscalía General de la Nación imputa cargos contra una decena de nuevos presuntos involucrados. Entre ellos está Daniel Hernández, quien como fiscal investigó el pago de millonarias coimas por parte de la multinacional brasileña a cambio de contratos como el de la Ruta del Sol II –un tramo de la doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe–. Con ello, dio inicio a la “nueva temporada” de uno de los más grandes escándalos de corrupción en América Latina.
En un cara a cara con su propio funcionario, el organismo investigador le imputó a Hernández, de 44 años, los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos. Según la Fiscalía, el abogado omitió darles trámite a siete órdenes de captura que él mismo solicitó en 2017 ante un juez, contra presuntos implicados en el entramado de corrupción que reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre ellos figuraban Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, directivos de la constructora brasileña.
Según la Fiscalía, Hernández, quien lleva 18 años vinculado a la entidad, no registró las órdenes de captura en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones, un paso esencial para que se hicieran efectivas. “Tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a los señores Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia”, explicó el ente investigador en un comunicado.
Esta no es la única imputación contra Hernández. Hace apenas seis meses, en su condición de fiscal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), habría intimidado en el búnker de la Fiscalía en Bogotá al exsenador Otto Bula, uno de los primeros condenados y principales testigos en el escándalo de Odebrecht. La Fiscalía dice tener pruebas de que quien fuera uno de sus más destacados investigadores buscaba favorecer a su antiguo jefe, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, y al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues le habría reprochado a Bula su intención de declarar contra ellos ante el FBI. La financiera Corficolombiana, filial del Grupo AVAL, el más grande conglomerado bancario del país y de propiedad de Sarmiento Angulo, formaba parte del consorcio liderado por la compañía brasileña que logró quedarse con la adjudicación de la Ruta del Sol II a cambio de sobornos, a finales de 2009.
“Usted doctor Hernández amenazó al ciudadano Otto Nicolás Bula, al advertirle que Néstor Humberto Martínez Neira y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos por cuanto él estaba teniendo acertamientos con la justicia para hablar de ellos, situación que logró generar en el testigo mucho temor y miedo según el relato brindado a la Fiscalía”, leyó el fiscal Víctor Salcedo en la audiencia de imputación. Agregó que este hecho ocurrió mientras el testigo adelantaba conversaciones bajo confidencialidad con altos funcionarios de la Fiscalía y del FBI, y que “sin haber rendido aún ninguna declaración oficial, personas que podrían estar vinculadas tenían conocimiento pleno de lo que estaba pasando, lo cual evidenciaba el poder que manejaban”. Para entonces, Hernández no tenía ninguna relación procesal con Bula porque ya no tenía a cargo las investigaciones de Odebrecht.
El nombre del exfiscal general Néstor Humberto Martínez salió a relucir con fuerza en el escándalo de la firma brasileña en 2018, cuando Noticias Uno publicó grabaciones de 2015 en las que quedaba en evidencia que Martínez conocía de denuncias de pagos irregulares desde antes de que estallaran las revelaciones de Estados Unidos y de ser nombrado fiscal, en 2016. Martínez era uno de los abogados externos más relevantes del Grupo Aval para la época en la que el consorcio liderado por Odebrecht se quedó, gracias al pago de sobornos, con el contrato para la ejecución de la megaobra vial. A su llegada a la Fiscalía, Martínez se declaró impedido en algunas líneas de investigación, no en todas.
Las grabaciones salieron a la luz pública días después de la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien aparecía en los audios como el interlocutor de Martínez. Pizano vigilaba el correcto manejo de los recursos como controller del proyecto y se había convertido en otro de los testigos clave. Según la Fiscalía, el deceso ocurrió por causas naturales. Apenas tres días después su hijo de 30 años, Alejandro Pizano, quien había viajado desde Barcelona a Bogotá para asistir al funeral, murió al ingerir agua de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre. La bebida que había consumido contenía cianuro, según el dictamen de Medicina Legal. Antes de morir, Pizano padre habría alcanzado a entregar a las autoridades norteamericanas las pruebas que tenía sobre pagos irregulares, de acuerdo con un informe publicado por la revista Cambio el pasado 3 de diciembre.
En su momento, en medio de la tormenta política que desataron las grabaciones, la Corte Suprema de Justicia nombró un fiscal ad hoc para las investigaciones sobre Odebrecht, removiendo a Martínez de esa función. Ante los nuevos capítulos que han surgido, el exfiscal general denuncia un complot judicial. En una carta dirigida a Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, y a la fiscal Jamie Mickelson, delegada del Departamento de Justicia de ese país, alertó sobre supuestos ofrecimientos a terceros, entre ellos el investigado fiscal Hernández, para que declaren en su contra.
Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó los millonarios sobornos de Odebrecht en países de América Latina, entre ellos Colombia, donde los pagos habrían sumado 11 millones de dólares entre 2009 y 2014, se cuentan 18 condenas a nivel nacional, incluidas la de Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos de 2010, y la de José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana. Para la senadora Angélica Lozano, el número de condenas puede representar una contradicción: “18 condenados prueban acción, pero por cuenta gotas o sin los eslabones fuertes de la cadena, dan la sensación de impunidad”, opina.
El profesor de derecho penal de la Universidad Externado de Colombia y exasesor de la Fiscalía Juan David Bazzani cree que se debe desmitificar la hipótesis de que no ha habido suficientes avances en las investigaciones. “Colombia encontró, por medio de las investigaciones de la Fiscalía, coimas por cerca de 80 millones de dólares, es decir, casi ocho veces lo que se había reportado desde Estados Unidos. Acá todas las personas que fueron señaladas de haber recibido coimas fueron judicializadas y condenadas”, sostiene.
Entre tanto, Lozano insiste en que “las revelaciones y giros de estos días destacan la interferencia desde el poder. Muchos poderosos involucrados desde el primer día pudieron dilatar y enredar las investigaciones”. La senadora de la coalición Centro Esperanza propuso, en los inicios del escándalo, que el Gobierno solicitara ante Naciones Unidas la creación de una comisión internacional contra la impunidad, similar a la que dirigió en Guatemala el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, para investigar a profundidad el entramado de Odebrecht.
Por lo pronto, la Fiscalía pidió prisión domiciliaria para el fiscal Hernández para evitar que interfiera en el nuevo proceso. El funcionario no aceptó los cargos e irá a juicio para tratar de demostrar su inocencia. Las imputaciones restantes de la Fiscalía, que se suman a otras acusaciones en curso, involucran a tres ciudadanos brasileños, dos españoles y un uruguayo, todos salpicados en investigaciones que se desarrollan con apoyo del FBI sobre transacciones financieras internacionales, subcontratos y otras maniobras para mover dineros destinados al pago de dádivas.
