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El «falso dilema» de Bukele en El Salvador: ¿paz o derechos humanos?

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Ultima actualización: 2022-12-11 12:32:22

El presidene salvadoreño presume de bajar los índices de violencia provocados por las pandillas mientras las ONG denuncian muertes, detenciones arbitrarias y torturas

 

La sombra de la ‘bukelización’ de las políticas de seguridad para acabar con la violencia de las pandillas se está convirtiendo en una peligroso fantasma que sobrevuela Centroamérica. La recuperación de la estrategia de mano dura, utilizada en la región en décadas anteriores y llevada ahora al extremo en El Salvador por su presidente Nayib Bukele, está poniendo en jaque a ONG y periodistas independientes que denuncian la sistemática vulneración de los derechos humanos. El mandatario ha llevado a las redes sociales esta confrontación, con el doble objetivo de justificar su gestión y elevarla a ejemplo a seguir.

 

Con sus políticas de seguridad (la puesta en marcha del Plan de Control Territorial), el Gobierno ha buscado recuperar el control de las zonas dominadas principalmente por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Objetivo logrado, según Bukele, tras el despliegue la semana pasada de 10.000 efectivos en Soyapango, un barrio de la capital.

 

El presidente sumó este año la medida quizá más controvertida de su mandato: el establecimiento el pasado 27 de marzo del régimen de excepción -tras un fin de semana sangriento que dejó casi 90 muertos a manos de las pandillas-. Esto le permitió al Gobierno suspender libertades constitucionales -entrar a las casas sin orden judicial y realizar detenciones sin pruebas-. Una medida que el Parlamento, con mayoría oficialista, ha ido prorrogando cada mes y que ha llevado ya a la captura de casi 60.000 personas (triplicando la población carcelaria), entre las que se encuentran al menos 1.600 menores (tres días después de implantar el régimen de emergencia se redujo la edad penal de 16 a 12 años de edad). De ese total, 51.000 personas estarían todavía en prisión preventiva, cuando por ley solo pueden ser retenidos sin juicio seis meses, (de no realizarse se amplía la prisión provisional otros seis meses).

Fuente: ABC

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