En un país donde cada pastilla cuenta, la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar) alzó la voz: hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para frenar el contrabando de medicamentos en las fronteras. No se trata de un pedido burocrático, sino de una alerta que nace de la preocupación por la salud de todos y de la equidad del mercado local.
Según los fabricantes, llegan al país fármacos ilegales que carecen de requisitos básicos: no traen identificación de la empresa importadora, no están autorizados por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), ni registrados en el Instituto Nacional de Higiene (INH), ambos dependientes del Ministerio de Salud. Además, esas medicinas escaparon al control del Control de Productos Preenvasados (CPE) de Sencamer.
La consecuencia es doblemente dolorosa. Por un lado, se pone en riesgo la salud de quienes los consumen. Por el otro, se genera una competencia injusta para los laboratorios y distribuidores que sí cumplen con todas las normas y pagaron sus impuestos. Como dice un vocero de Cifar con pesar, “lo más lamentable es que hay algunas farmacias que los están comercializando… tiene que haber un responsable que los está metiendo (en el país)”. (infobae)
Afortunadamente, no todo es desolador: muchos de estos medicamentos falsificados han sido detectados a tiempo, lo que demuestra que hay mecanismos funcionando… aunque insuficientes. (SWI swissinfo.ch)
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