El País .- El décimo congreso del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobierna Bolivia, ha dado el paso definitivo para la división que estaba incubando desde hace años. El Congreso “aceptó la autoexpulsión” de Luis Arce y David Coquehuanca, presidente y vicepresidente del país, por no asistir a la reunión que se efectuó en el pueblo de Lauca Ñ, en la zona cocalera del centro del país, y ha ordenado que el Tribunal de Ética del partido expulse también a otros 20 diputados del ala afín al Gobierno de Arce. Además, como se preveía, ha ratificado al “comandante” Evo Morales como presidente del partido y como su candidato a la presidencia para las elecciones de 2025.
“Seguimos haciendo historia nacional e internacional. El MAS va a recuperar la revolución para salvar la patria nuevamente” ha dicho Morales en su discurso final, que fue inusitadamente breve. Los cientos de asistentes a la reunión estaban cansados por las altas temperaturas del lugar, emplazado en el área tropical de Cochabamba, y, además, porque celebraron sesiones hasta altas horas de la madrugada.
El “arcismo” ha objetado la legitimidad del congreso ante el Tribunal Constitucional. Este ordenó la suspensión del mismo pocas horas antes de su finalización. Morales había advertido previamente que el Gobierno “maniobraba” dentro del sistema de Justicia para impedir el cónclave. El expresidente (2006-2019) también se mostró preocupado en sus redes sociales por una intervención policial supuestamente en curso, que no ocurrió. “Lamentablemente, el Gobierno de Lucho y David, peor que los gobiernos neoliberales, hasta el último momento quiso postergar el congreso”, dijo Morales al terminar su discurso.
El día de la inauguración del encuentro, el martes 3 de octubre, el presidente Arce apareció sorpresivamente en una reunión de campesinos realizada en La Paz. Arropado por sus bases, explicó que no iría a Lauca Ñ porque la convocatoria ignoraba o disminuía a las distintas organizaciones sociales que habían fundado el “instrumento político”. En los congresos anteriores, estas organizaciones, entre ellas la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, podían acreditar cientos de delegados por cada una. En la reunión última, que se realizó tras la aprobación de un estatuto interno que los críticos consideran hecho a la medida de Morales, las centrales sindicales solo tuvieron derecho a cinco delegados por organización, mientras que la representación del aparato del partido creció significativamente. Esta es la razón que refieren los dirigentes sociales alineados con Arce para desconocer el congreso y convocar a un “cabildo” el 17 de octubre, donde se espera que se tomará medidas simétricas a las que acaba de aprobar la facción de Evo Morales.
El choque por el control de la izquierda boliviana amenaza con agravar la politización y la debilidad del sistema de justicia y otras instituciones. El fallo del Tribunal Constitucional puede convertir las resoluciones del congreso en papel mojado desde el punto de vista legal. Por tanto, pese a su reunión, el MAS no tendría cumplido el requisito de renovación de su directiva que le exige la ley electoral, y esto pondría en riesgo su personería jurídica. Una comisión de abogados de Morales señaló a la prensa que el fallo del Tribunal Constitucional era “fraudulento” y aseguró que no tendría efecto legal.
Si el Constitucional se impusiera, lo que parece más probable, la presión girará hacia el Tribunal Electoral, en cuyas manos estará dar un plazo para que el MAS organice otro congreso y elija su directiva de una forma menos polémica, una tarea casi imposible, o, en cambio, el cancelar esta sigla, lo que tendría incalculables consecuencias políticas.
Desde hace meses se anticipaba que la pelea por la “propiedad” del partido sería muy dura y que se dirimiría principalmente en juicios de distinta índole. Así, tribunales de escasa credibilidad tomarán resoluciones que serán objetadas por otros tribunales también desprestigiados, sin un final claro a la vista.
Aunque la lucha entre las dos alas del MAS es cada vez más compleja y dura, el fondo de la cuestión es simple: quién será, si Morales o Arce, el candidato de los sectores populares e indígenas bolivianos en las presidenciales de 2025. Este aspecto personal de la división se intensificó a raíz del congreso, en el que cientos de dirigentes ataviados con el color azul del MAS y la efigie de Morales en sus camisetas y gorras, lo proclamaron como su “líder indiscutible”. Simultáneamente, los campesinos con los que se reunió Arce lo llamaron “académico”, “estudioso” e incluso “el mayor científico de Sudamérica en el área económica”, para diferenciarlo de Morales, que solo estudió el bachillerato antes de ponerse a cultivar la parcela de su padre.
Los halagos al presidente están relacionado con el último choque entre ambos políticos, en el que Morales llamó a Arce un mero “cajero” de las gestiones en las que sirvió como ministro de Economía. “Que me llamen como quieran, los resultados son los que cuentan”, respondió el presidente. Luego señaló que él era un hombre de estudios que no iba a armar intrigas en contra de su antiguo mentor. Subrayar los títulos académicos del presidente no se percibe como un desplante clasista en los sectores sociales urbanos emergentes, que se identifican con Arce porque apelan a la educación como medio de ascenso social. Morales, que en el pasado tuvo un apoyo incontrastable, conserva la fuerte adhesión de los estratos más pobres del área rural.
