El País .– La mitad de las provincias y las principales cámaras empresariales se niegan a pagar las ayudas económicas a trabajadores y jubilados anunciadas por el Gobierno peronista a dos meses de las elecciones.
El Gobierno de Alberto Fernández se debilita cada vez más. Los trabajadores y jubilados aguardaban las ayudas económicas prometidas para aliviar el último golpe inflacionario, pero los desembolsos anunciados el domingo por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa han cosechado críticas desde filas propias y opositoras. Un total de 12 de los 24 gobernadores provinciales y decenas de intendentes municipales han anticipado que no pagarán el bono de 60.000 pesos (162 dólares a la cotización oficial) previsto para los próximos dos meses. Algunos argumentan que no pueden: tienen las arcas vacías. Otros no quieren: consideran que se trata de una medida electoralista y señalan que los empleados públicos se benefician de negociaciones salariales colectivas que han limitado su pérdida de poder adquisitivo.
La rebelión de provincias y municipios se suma a la iniciada por cámaras empresariales y secundada por la oposición política. “Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, anunció la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que agrupa a pequeñas y medianas empresas, en un comunicado.
Los dos grandes rivales de Massa en las elecciones generales del 22 de octubre, el economista ultraliberal Javier Milei y la conservadora Patricia Bullrich, han prometido recortar el gasto público si llegan a la Casa Rosada y critican lo que llaman el “plan platita” de Massa. “Es un nuevo acto de populismo”, denuncio Milei, candidato por el partido de extrema derecha La Libertad Avanza. Para Milei, Massa pretende “torcer una elección inyectándole guita a la gente” y alentó a la población a no caer en “esa trampa”. Bullrich coincidió con Milei. A su juicio, el candidato peronista “se burla de todos” al proponer soluciones basadas en “maquillaje y más emisión” monetaria.
Desde el Gobierno argentino aseguraron que las grandes empresas están en condiciones de pagar la suma fija y algunos funcionarios amenazaron con multar a aquellas que no lo hagan. La participación de los salarios en el PIB (todo lo que se produce en un año en el país) ha caído siete puntos desde 2017: de representar el 55,6% del PIB argentino al 48,4% en el primer trimestre de este año. En cambio, la porción del pastel que se llevan los empresarios ha aumentado más de tres puntos desde entonces: del 35% al 38,4%. El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, recordó que durante la pandemia gran parte de los empresarios recibieron ayuda estatal para pagar sueldos y les pidió que realicen “un esfuerzo adicional” para lograr estabilidad macroeconómica.
“Un poco de justicia”
El presidente argentino salió este miércoles en defensa de Massa. “Lo único que estamos haciendo es un poco de justicia. Distribuir más las ganancias de algunos, para que esas ganancias y utilidades lleguen a los que trabajan”, dijo durante un acto público celebrado en la norteña provincia de Catamarca. Desde allí, el mandatario criticó también a las provincias que se niegan a repartir un bono entre sus empleados públicos, en especial a la capital argentina, gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta: “Me llama la atención que Catamarca y la Rioja puedan y que la ciudad más opulenta de la Argentina tenga dificultades”.
El bono de 60.000 pesos forma parte de un amplio paquete de medidas presentado por Massa para los próximos dos meses. El ministro de Economía ha anunciado también congelamiento de precios —o aumentos por debajo de la inflación— para alimentos esenciales, tarifas de transporte público, combustibles, medicamentos y seguros médicos. Es una bomba de tiempo: pasadas las elecciones, los precios seguramente volverán a dispararse. Para financiar el gasto, el Gobierno aprobó este miércoles por decreto una ampliación presupuestaria.
El candidato presidencial del peronismo busca recuperar la iniciativa tras la derrota en las elecciones primarias del 13 de agosto —en las que la alianza oficialista Unión por la Patria quedó en tercer lugar— y reducir la incertidumbre económica y social de las últimas dos semanas. Horas después de conocerse los resultados, el peso argentino se devaluó un 18% en el tipo de cambio oficial y se paralizó la cadena de comercialización. Cuando volvió a reactivarse, muchos productos registraban importantes aumentos de precios. La difícil situación económica amenazó con desbordarse en las calles cuando se registraron saqueos en comercios de distintas provincias y reapareció con ellos el fantasma del estallido de la crisis del corralito (2001-2002).
Tras el desconcierto inicial por el inesperado triunfo de Milei, sus principales rivales han vuelto a la carrera esta semana. A menos de dos meses para las elecciones generales del 22 de octubre, las encuestas dan al candidato de la ultraderecha en cabeza y sitúan a Massa en segundo lugar, seguido de cerca por la exministra de Seguridad macrista. Para ganar en primera vuelta, el más votado necesita obtener el 45% de los votos o el 40% a diez puntos de distancia del segundo. De no ser así, habrá segunda vuelta el 19 de noviembre.
