El mandatario dijo en marzo que los legisladores de Pachakutik habrían pedido puestos y dinero en efectivo a cambio de votos para la Ley de Inversiones.
El presidente Guillermo Lasso da marcha atrás sobre las acusaciones que hizo en contra de cinco asambleístas de Pachakutik (PK), a quienes señaló de haber pedido cargos públicos y dinero en efectivo a sus colaboradores a cambio de votar a favor del proyecto de Ley de Inversiones -que fue negado y archivado por la Asamblea-.
Por estas supuestas irregularidades, el pasado 27 de marzo el jefe de Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue a los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi, y Cristian Yucailla, por el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Ahora, cinco meses después, el mandatario dirigió un oficio a la fiscal del caso, Mayra Soria, de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, en el que solicita el archivo de la investigación, “en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha”. El documento lleva un sello de recibido por la Fiscalía, con fecha 25 de agosto de 2022.
Lasso expone en el texto enviado a Soria que los hechos que supuestamente involucraban a los asambleístas le “fueron comunicados por terceras personas”. Por ello, dice el presidente, consideró que era su obligación ponerlos en conocimiento de la autoridad para su verificación o esclarecimiento. Además, citó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en un escrito con fecha 24 de agosto, se refirió a la causa.