La Comisión ocasional que investiga el caso aprobó por unanimidad el informe. Se recomiendan juicios políticos y la baja del comandante de la Policía.
La Comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el femicidio de la abogada María Belén Bernal señaló como responsables políticos del caso, por acciones u omisiones, al presidente de la República, Guillermo Lasso; al secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez; a la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; al comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas; y al exministro del Interior, Patricio Carrillo.
Así quedó establecido en el informe no vinculante que la Comisión ocasional aprobó por unanimidad la noche del lunes 31 de octubre. Más temprano se contemplaba incluir también como responsable político al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, pero las asambleístas decidieron retirarlo.
Entre las conclusiones se destaca que la máxima autoridad de la Secretaría de Derechos Humanos generó estigmatizaciones y malos tratos hacia la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo.
Así mismo, se indica que el Ministerio del Interior incumplió con sus obligaciones de garantizar que los servidores policiales cumplan en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales.
Que la Comandancia de la Policía incumplió con su obligación de atender la seguridad ciudadana y el orden público.
El informe no vinculante sostiene que el caso no configura un delito de Estado.
Sin embargo, se destaca que la desaparición y femicidio de Bernal contiene elementos de responsabilidad internacional y nacional, por los siguientes aspectos: violación del derecho internacional; imputabilidad de la violación al Estado ecuatoriano; existencia de un daño moral y material a la madre e hijo de la víctima, “cuyo principal responsable es el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en su calidad de Primer Mandatario del Ecuador”.
En el apartado de recomendaciones, el documento aprobado por la Comisión ocasional sugiere que el pleno de la Asamblea designe a un asambleísta para que presente solicitudes de juicio político en contra de los secretarios de Estado, Diego Ordóñez y Paola Flores, y del exministro Patricio Carrillo.
Al presidente Guillermo Lasso se sugiere la baja inmediata del comandante de la Policía, Fausto Salinas, y disponga la baja de las autoridades que estaban a cargo de la Escuela Superior de Policía entre el 11 al 21 de septiembre.
Además, se requiere iniciar un proceso de depuración de la Policía, que abarque evaluaciones periódicas de confianza, y psicológicas, revisión de faltas administrativas, cometimiento de delitos, entre otros, en particular de la cúpula policial.
Al momento de la votación del informe, la asambleísta Marjorie Chávez manifestó que en las actas debe constar el detalle las acciones, inacciones u omisiones atribuibles a cada funcionario en específico que concluyan en el incumplimiento estatal, ya que no se puede presumir que los funcionarios son políticamente responsables solo por el hecho de la vulneración de las obligaciones internacionales del Estado. “No hacerlo diluye completamente la intención de nuestra Comisión y todo el esfuerzo que hemos venido haciendo”, acotó.
Por su parte, Mireya Pazmiño expresó que con el informe se da “algo de respuesta, pese a la poca o nula información que nos han dado”. Y reclamó que las autoridades del Gobierno no han dado respuestas a la familia de Bernal. Mientras, Yeseña Guamaní dijo que el país demanda un política pública en seguridad, así como para erradicar la violencia de género.
La presidenta de la Comisión ocasional, Ana Herrera, apuntó que se entregará el informe -de 77 páginas- al pleno de la Asamblea dentro de los plazos establecidos, para su conocimiento y debate.
“Que este informe sirva como precedente en este caso y en otros casos de femicidio del país, para que las autoridades tomen consciencia y se den cuenta que hace falta una verdadera instauración de políticas públicas que nos permitan trabajar en la erradicación de la violencia contra la mujer”, resaltó Herrera.
El caso de María Belén Bernal inició con su desaparición la madrugada del 11 de septiembre, cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía, en el norte de Quito, para visitar a su esposo, el teniente e instructor de cadetes, Germán Cáceres.
Tras once días sin noticias de su paradero, el cuerpo de Bernal fue encontrado el 21 de septiembre en el cerro Casitagua, cerca de la escuela policial. El principal sospechoso del asesinato es Germán Cáceres, quien abandonó el país a mediados de septiembre. En su contra tiene una orden de prisión preventiva por el presunto delito de femicidio y la Interpol emitió una notificación roja para buscarlo en 195 países.
Fuente: El Universo
