El Salvador: las personas que han caído en el implacable operativo contra las maras

“Gracias a Dios y gracias a ustedes, los salvadoreños tienen una paz verdadera”, expresó el presidente Bukele a miles de soldados y policías en un evento nocturno cuidadosamente preparado para lanzar la quita fase e su polémico “Plan de Control Territorial”.

Llamado “Extracción”, su objetivo es fortalecer el control militar de las principales ciudades de El Salvador usando equipos de vigilancia de alta tecnología, supuestamente para impedir la salida o entrada de pandilleros.

El operativo se inició este fin de semana con 10.000 integrantes de los cuerpos de seguridad rodeando el municipio de Soyapango, donde empezaron a detener supuestos miembros de las pandillas.

El presidente Bukele desestimó las críticas de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de gobiernos extranjeros sobre el “estado de excepción” que impuso hace nueve meses, después de un fin de semana de extrema violencia pandillera en la que más de 70 personas murieron.

La medida de emergencia dotó a la policía con nuevos y amplios poderes, incluyendo el derecho a detener a sospechosos sin debido proceso. Bukele les dijo a los oficiales que tenía el apoyo de más del 95% de los salvadoreños.

Sin duda es popular. Las tasas de homicidio están alcanzado niveles bajos sin precedentes. Los vecindarios que han soportado años de extorsión y violencia a manos de las brutales maras MS-13 y Barrio 18 pasan por un período de calma antes desconocido.

“Mi esposo no tiene nada que ver con las maras”

Sin embargo, la población carcelaria de El Salvador es proporcionalmente la más alta del mundo. Los ya hacinados predios penitenciarios están a punto de reventar con la llegada de nuevos reclusos, llevando al gobierno a anunciar la construcción de una nueva gran cárcel.

La evidencia sugiere que cientos, tal vez miles de personas sin obvios vínculos con las maras han caído en las redadas.

Cuando los agente de policía entraron a la fuerza por la puerta de la casa de Zoyla Torres, ella creyó que se trataba de un error.

“Nosotros no le damos problema a nadie”, insiste. “Mi esposo no tiene nada que ver con las maras. Él trabaja en una fábrica haciendo costales para el transporte de cosechas”.

Sin embargo, la policía irrumpió en su humilde hogar y detuvo a su esposo Manuel y su cuñado, mientras sus hijos desayunaban.

Lo mismo estaba sucediendo al otro lado de la calle, en la casa de su hermano -todo en base a una pista anónima.

Los tres hombres estuvieron casi un mes soportando las peores condiciones carcelarias en América Latina. Zoyla cuenta que los golpeaban con regularidad en la cárcel y que han quedado traumatizados por la experiencia.

No obstante, ellos pueden considerarse con suerte. Zoyla logró que los pusieran en libertad después de que su empleador diera garantías de que no estaban involucrados en las actividades de las maras.

Marta, una estudiante de psicología de 18 años, no tuvo tanta suerte.

Su padre Óscar asegura que Marta -un pseudónimo- fue sacada de la casa después de que la policía la forzara a darles el nombre de un pandillero.

Como no conocía a ningún pandillero y no estaba preparada para acusar falsamente a alguien, simplemente la arrestaron, cuenta Óscar.

“A finales de diciembre cumplirá seis meses en prisión. La arrestaron por asociación ilícita. Pero no tenían pruebas, ninguna evidencia”.

“Miles de arrestos arbitrarios”

Los intentos de Óscar para lograr la libertad de su hija -presentando evidencia de su matriculación en la universidad y testimonios de su grupo en la iglesia en cuando a su buen carácter- han caído en oídos sordos.

Y ahora Marta, como miles de otros presos, enfrenta otros seis meses en un limbo legal ya que el estado de excepción se extenderá otra vez este año.

Lucrecia Landaverde, una abogada que representa gratuitamente a decenas de detenidos, dice que la política está causando un daño duradero al sistema judicial de El Salvador.

“Hasta el momento, ha habido miles de arrestos arbitrarios, acusaciones sin fundamento y detenciones ilegales. Ni siquiera ha habido investigaciones preliminares para ver si los arrestados hacen parte de la estructura de las maras”, alega.

Con el derecho a habeas corpus prácticamente suspendido y algunos policías supuestamente justificando las detenciones arbitrarias como simplemente “la voluntad del presidente”, es un paso muy corto para llegar al completo totalitarismo, advierte Landaverde.

Decenas de exmiembros de las maras también han sido objetivo de las medidas, a pesar de que muchos de ellos habían renunciado a la vida pandillera décadas antes e intentaban reparar el daño de sus crímenes anteriores.

Entre ellos se encuentra William Arias, un pastor evangélico y antiguo miembro de la MS-13 que la BBC entrevistó en 2018.

Con el tatuaje de la pandilla todavía visible en la frente, William reconoció completamente haber realizado crímenes horribles en su juventud. Pero insistió que por 18 años, se ha dedicado totalmente a disuadir a otros jóvenes de seguir ese camino en la pandilla.

William fue arrestado en abril, y su paradero se desconoce. “Si no ha sido puesto en libertad, sin duda todavía tenía cargos pendientes en su contra”, afirmó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Guillermo Gallegos.

“Y recuerden, muchos pandilleros usan la iglesia como pretexto”, alegó. El acérrimo partidario de Bukele en repetidas ocasiones ha abogado por la pena de muerte para las maras de El Salvador.

“La maras nunca dieron nada por los derechos humanos de las víctimas”, dice Gallegos, haciendo eco del argumento del presidente. “De manera que, ahora, consideramos que sus derechos humanos está reducidos al mínimo”.

Entretanto, Óscar teme por la vida de su hija.

“No están interesados en saber si la gente es inocente o culpable”, dice con voz temblorosa. “Lo que les importa es tener un gran número de arrestados para publicidad. Para impresionar”.