El Trabajo No Remunerado de los hogares (TNR), es una cifra de enorme representación para el Producto Interno Bruto del Ecuador.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), significa el 21% del PIB. Es decir, casi 25.000 millones de dólares.
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Cabe destacar que es generado mayoritariamente por mujeres.
Por encima de otros sectores
Para David Vera, director en la Business School de la UIDE y ex director del INEC, esta actividad está por encima de sectores clave de la economía, como el comercio (16,1%), la administración pública (7,4%) o la construcción (4,6%).
Además, señala que, en el contexto regional, el PIB en Ecuador (21%) se ubica en una posición similar a Argentina (21,8%), ligeramente por debajo de México (26,3%) y Chile (25,6%), y por encima de Colombia (20,3%)
El informe confirma la marcada brecha de género en la distribución del TNR:
- Las mujeres aportan el 15,6% del PIB con su trabajo no remunerado, frente al 5,4% de los hombres
- En términos de tiempo, por cada 100 horas de TNR, las mujeres realizan 75, lo que significa en promedio 28,7 horas semanales por mujer, frente a 11,4 horas en el caso de los hombres
Hogar propio
El trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, concentra el 78,4% de la producción total, y dentro de este, las tareas de preparación y servicio de comida representan el 41,4%. En esta actividad, las mujeres aportan casi el 85%.
Los resultados ratifican la importancia del trabajo no remunerado como pilar oculto de la economía ecuatoriana, sostenido de manera desproporcionada por las mujeres.
Esta asimetría, señala Vera, no solo invisibiliza el aporte económico del cuidado, sino que acentúa la brecha de género en el mercado laboral: limita el tiempo disponible de las mujeres para acceder a empleos remunerados, frena sus oportunidades de formación y reduce su participación en espacios de decisión.
Aunque la Ley de Justicia Laboral, promulgada en el año 2015, incorporó avances con la creación del seguro del TNR en el IESS, el desafío sigue siendo transformar estas cifras en políticas integrales de corresponsabilidad social y de género.
Esto implica fortalecer la oferta pública de servicios de cuidado, promover la redistribución de las tareas en los hogares y garantizar que el trabajo no remunerado sea considerado en el diseño de la política económica y social del país, apunta el experto.
