La audiencia que trató la acción de protección impulsada por la extitular de la Legislatura se instaló el lunes y fue suspendida luego de cuatro horas.
A las 15:00 del viernes 26 de agosto se conocerá si la justicia falla a favor o en contra de la acción de protección que la asambleísta Guadalupe Llori (PK) planteó en contra seis legisladores para ser restituida como presidenta de la Asamblea Nacional y cobrar una indemnización económica.
La audiencia que trató la demanda se instaló la tarde del lunes en la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, ubicada en Quitumbe, al sur de Quito. Luego de escuchar los argumentos de las partes procesales, la jueza a cargo de la causa suspendió la diligencia y anunció que el viernes emitirá su decisión.
A la Unidad Judicial asistieron con sus abogados Guadalupe Llori y los legisladores accionados Virgilio Saquicela, quien la reemplazó en la presidencia de la Legislatura, así los integrantes de la comisión de pluripartidista ad hoc que elaboró el informe que dio paso a la remoción Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (PK-R), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (UE).
Antes de ingresar a la sala, Llori manifestó que impulsará todos los recursos legales que sean necesarios, inclusive asistir a instancias internacionales, ya que se vulneraron sus derechos, insistió.
“No se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea. Se trata de exigir la reparación de todo el daño causado a mi familia, a Pachakutik y a mi, como una mujer amazónica y política a la vez”, aseguró la extitular de la función Legislativa.
Los asambleístas accionados sostuvieron que la demanda es improcedente porque los mismos hechos ya fueron negados por una jueza y la Corte Provincial de Pichincha y, por tanto, constituyen una cosa juzgada.
Por este argumento, la jueza Sonia Ramírez suspendió por una hora la audiencia para revisar el tema y determinar si era pertinente seguir con el proceso. Al regresar, la magistrada resolvió seguir con el trámite.
En la audiencia el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), Carlos Heredia, dio la razón a los asambleístas demandados, en cuanto a que se trata de un caso cuyos argumentos ya fueron tramitados y juzgados.
Al respecto, uno de los abogados defensores de Llori, Julio César Sarango, expresó que la tesis compartida por la Procuraduría y los legisladores es errada. Aclaró que la acción de protección presentada anteriormente fue estrictamente por la falta de competencia de los miembros del Consejo Administrativo Legislativo (CAL), puesto que no tenían la competencia para tratar la denuncia del legislador Esteban Torres (PSC) -quien promovió la destitución de Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones-.
Que la nueva acción de protección se refiere a una vulneración de derechos porque en el proceso de remoción Llori no habría tenía derecho a la defensa, entre otras ilegalidades, con lo cual se atentó contra la tutela efectiva administrativa que implica acceso a una justicia independiente, agregó Sarango.
Para el actual presidente de la Asamblea los argumentos han sido claros y dan cuenta de la improcedencia de la demanda. “Confiamos en la justicia, en la independencia. Rechazamos la intromisión de la misma en otros poderes del Estado, rechazamos los intentos de manipulación a horas de un juicio político”, mencionó Virgilio Saquicela.
La reparación integral a la que aspira Llori, además de ser restituida en la presidencia, consiste en una indemnización económica de $ 100.000 que deberá cada uno de los 81 parlamentarios que votaron por su destitución el pasado 31 de mayo, lo cual ha sido rechazado por los asambleístas accionados en vista de que la acción de protección ni siquiera está dirigida a todos los que dieron su voto positivo.
Saquicela calificó de “descabellada y absurda” la pretensión de una reparación económica que suma $ 8,1 millones.
Fuente: El Universo
