La elección del nuevo fiscal general camina a paso lento. Muy lento.
La actual titular del despacho, Diana Salazar, culminará su periodo el 8 de abril próximo. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado del concurso para designar a su reemplazo, está lejos de ese objetivo.
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Solo hay reglamento
El proceso comenzó oficialmente en septiembre pasado. El primer punto fue aprobar el reglamento. Pero desde entonces poco o nada ha avanzado, debido a una larga lista de conflictos internos.
La destitución de la llamada “Liga Azul”, como se conocía a los vocales correístas, obligó a replantear el concurso. Al menos ya existe la veeduría ciudadana que vigilará el proceso.
Otros puntos, en cambio, no logran progresos. Y una de las causas es la limitación económica, pues no hay recursos para pagarles a los miembros de la comisión calificadora.
Prorrogada
Si hasta el 8 de abril no existe un reemplazo oficial, la Procuradoría, como organismo vinculante, podría disponer que Salazar continúe en funciones prorrogadas de forma indefinida.
Parecida situación existe con la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que deben ser renovados.
Y qué decir del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque en este caso nada puede hacerse hasta concluir la segunda vuelta y proclamar los resultados, como lo determina la ley.
