Para el Gobierno, la nueva norma permitió sellar temas clave, como derechos, censura, regulación y control.
Con la entrada en vigencia de la Ley reformatoria a la Ley de Comunicación (LOC) se consolidan al menos una decena de cambios sustanciales, respecto al anterior marco legal, calificado como ley mordaza.
El texto final se derivó del veto mixto que el presidente Guillermo Lasso hizo al proyecto de reformas que se aprobó en la Asamblea Nacional. Observó 18 artículos por inconstitucionalidad y 34 por inconveniencia.
Los primeros entraron a revisión en la Corte Constitucional (CC), que el pasado 3 de octubre emitió el dictamen n.º 3-22-OP/22, en el que aceptaron doce de las observaciones realizadas por el Ejecutivo y la Asamblea solo se ratificó en tres, 1, 24 y 44.
Entre sus principales aspectos están:
- Garantiza que el Estado no interferirá en la libre determinación de la línea editorial de un medio privado.
- La eliminación del control a medios de comunicación a través de la “censura” y la posibilidad de iniciar procesos legales contra periodistas o medios de comunicación por contenidos publicados.
- Se establece que la autorregulación queda en manos de los medios de comunicación, adoptando códigos de ética profesional de forma interna y “en ningún caso” emplearse “estándares o regulaciones impuestas por el Estado”.
- En cuanto a la disposición de reserva de distribución del espectro radioeléctrico para radio y televisión, se mantendrá como estaba, es decir: para medios comunitarios el 34 % y que el sector público no puede exceder el 10 % del espectro, lo que implica que el sector privado tenga una disponibilidad de participación del 56 %.
- Establece como contenido discriminatorio a toda apología de odio nacional racial o religioso.
- Los contenidos violentos son solo aquellos que reflejen el uso intencional e ilegítimo de la fuerza contra uno mismo o contra cualquier otra persona o grupo, comunidad, animales y la naturaleza en su conjunto. Está prohibida su difusión.
- Se ordena que el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elabore los protocolos para la protección de periodistas “en actividad de riesgo”. Se entenderá por actividades de riesgo los sectores de producción, tráfico, transporte, almacenamiento, comercialización de estupefacientes, contrabando de mercaderías, hidrocarburos, minería ilegal, tráfico ilícito de personas, trata de personas, corrupción, violencia carcelaria, conflictos armados, desastres naturales y otros. Para la elaboración del mecanismo participarán representantes de los trabajadores de la comunicación y de medios privados, estatales y comunitarios.
- Quedan sin efecto también aspectos como la “censura previa”, la “responsabilidad ulterior” y la “creación de consejos ciudadanos”, que estaban siendo impulsados en el texto original, respaldado por la bancada del correísmo en el Legislativo.
- Garantiza el uso de la palabra y opiniones divulgadas en internet y garantiza que el Estado no regulará “las expresiones y opiniones personales emitidas a través de redes sociales”.
- Establece que los medios de comunicación del Estado deben mantener neutralidad, “garantizar su independencia tanto de la injerencia de poderes políticos como de las presiones del mercado”, impulsar una agenda de información cultural y educativa.
- Se concretará la creación de un fondo permanente para la compra de equipos y exenciones de impuestos para su importación; tarifas preferenciales para pago de servicios básicos de agua, luz, teléfono; rebajas y facilidades de pago en las tarifas de concesión y operación de la frecuencia; acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios.
- Se establecerán políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento del ecosistema de medios comunitarios, dirigidos y administrados por organizaciones sociales, comunas, pueblos, nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos, montuvios y migrantes, que históricamente han sido discriminados por su etnia, clase, género, edad o situación de movilidad humana y que hayan carecido de acceso a los medios de comunicación o lo tengan de manera limitada.
En tanto, para el Gobierno, esta nueva Ley se construyó y enriqueció con la colaboración de periodistas, representantes de medios de comunicación y organismos de derechos humanos. Ha asegurado que el veto mixto permitió sellar temas clave, como derechos, censura, regulación y control.
El mandatario ha sido enfático con su llamado a todos los ecuatorianos, especialmente a la prensa, para que protejan la libertad que se consagra con esta norma, que resaltó una “victoria” que no pertenece solo al Gobierno, sino “a todo el Ecuador democrático”.
Fuente: El Universo
