De izquierda a derecha, los jueces Jhoel Escudero, presidente ; Karla Andrade, vicepresidenta; Jorge Benavides; Alejandra Cárdenas; Raúl Llasag Fernandez; Alí Lozada; Richard Ortiz; Claudia Salgado y José Luis Terán.
La Corte Constitucional (CC) pasó a estar en el centro de una polémica con el Ejecutivo tras suspender de forma temporal varios artículos de leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa, entre ellos tema clave que el Gobierno defendía como parte de su agenda para hacer frente a las crisis que aquejan al país.
La decisión de la CC provocó que el mandatario anunciara una “marcha ciudadana” y los ha acusado de frenar cambios que serían urgentes para el país.
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¿Exactamente qué hizo la Corte?
La Sala de Admisiones de la Corte Constitucional verificó que tres demandas cumplieron con los requisitos legales de admisión, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, por lo que no había motivo para rechazarlas.
En las causas 57-25-IN, 86-25-IN y 60-25-IN, los demandantes solicitaron además la suspensión provisional de 47 artículos de las leyes que regulan el conflicto armado interno, el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia y las masivas reformas a la contratación y al servicio público.
Según lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Sala aceptó suspender 17 artículos de las tres normativas. Sin contar con una decena de artículos cuestionados del Reglamento de la Ley de Inteligencia.
Sobre las suspensiones, el Pleno de la Corte Constitucional no ha tomado todavía una decisión definitiva, es decir, no hay una sentencia final y vinculante. Pero, el presidente Daniel Noboa anunció inmediatamente un nuevo referendo, para consultar siete temas, uno de ellos la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces del máximo tribunal del país.
La ley de inteligencia, una de las propuestas analizadas con cuidado
La suspensión de artículos de Ley de Inteligencia, es una de las decisiones más delicadas, en torno a la ley propuesta. La Corte frena artículos como el de los gastos especiales y la incineración de sus respaldos, la doble identidad de los agentes, los requerimientos de información a las operadoras telefónicas sin orden judicial, la interceptación de documentos o comunicaciones sin orden judicial.
Según los jueces de la Sala de Admisiones, el nuevo régimen de inteligencia, habilitaría:
- Prácticas de vigilancia y recolección de información y sin control judicial ni límites claros.
- Establecería un régimen de reserva generalizada y sin mecanismos de desclasificación.
- Permitiría realizar operaciones encubiertas sin orden judicial ni procedimiento administrativo.
- Y permitiría el acceso amplio a bases de datos personales.
Es así que la respuesta cautelar urgente de la Corte, responde al «riesgo de afectación inminente y posiblemente irreversible a los derechos a la intimidad, protección de datos personales, inviolabilidad de la correspondencia, acceso a la información pública y debido proceso».
Más allá de la manifestación convocada en las afueras de la CC, ya en el plano jurídico, resta que el Ejecutivo y el Legislativo asistan a la audiencia que convoque la Corte para defender sus posturas y argumentar por qué las normativas no estarían violentando o poniendo en grave riesgo los derechos civiles, el debido proceso y el sistema judicial.
