Avanza el trámite de un proyecto de ley parlamentario que reforma tres normativas en las que se otorga mandato expreso, integral y operativo al Estado para bloquear, rastrear y judicializar las llamadas telefónicas no autorizadas desde los centros de privación de la libertad (CPL).
El proyecto de ley planteado por el legislador Ferdinan Álvarez (ADN) propone reformar la ley de telecomunicaciones, Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Inteligencia, en la que se declara a los centros penitenciarios como zonas de seguridad en telecomunicaciones.
El proyecto faculta la instalación de inhibidores selectivos y sistemas de acceso gestionado, obliga a las operadoras telefónicas a cooperar en la restricción y trazabilidad de señales, además, tipifica agravantes penales para delitos cometidos desde prisión mediante telecomunicaciones y fortalece la inteligencia penitenciaria y la coordinación interinstitucional.
La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea, inició el trámite con la comparecencia de la representante de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, (Asotel) y del Consejo Nacional de la Judicatura.
Patricia Falconí, presidenta de la Asotel, indicó que el sector de telecomunicaciones seguirá siendo un aliado estratégico para el combate contra el crimen organizado.
Plantearon cambios en tres artículos en específico respecto a las competencias, así como las medidas técnicas complementarias que contribuyan a la prevención e investigación de actividades ilícitas.
Propuesta
La ley busca fortalecer el marco jurídico del Estado ecuatoriano para cortar los canales de comunicación utilizados por el crimen organizado desde los centros de privación de libertad, garantizando al mismo tiempo la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales.
Para ello, establece la obligación de que las operadoras de telecomunicaciones, a solicitud de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), cooperen en la implementación de medidas técnicas destinadas a controlar, limitar o canalizar el tráfico de comunicaciones no autorizadas.
Estas medidas podrán incluir, reconfiguración de celdas, ajustes de potencia, instalación de celdas pequeñas perimetrales y la participación en sistemas de acceso gestionado.
Asimismo, las operadoras deberán coordinar acciones en tiempo real a nivel interinstitucional.
El proyecto dispone el decomiso y la destrucción de los equipos de telecomunicaciones incautados en las cárceles, así como la aplicación de la extinción de dominio sobre los bienes vinculados a delitos cometidos mediante telecomunicaciones no autorizadas.
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