El Universo .- Esta iniciativa busca abrir una puerta que lleve a la ciudadanía a inmigrantes indocumentados que llevan al menos cinco años en ese país
Un ambicioso plan de reforma migratoria bipartidista fue elevado a consideración de la Cámara de Representantes por dos congresistas, María Elvira Salazar (republicana, de Florida) y Verónica Escobar (demócrata, Texas).
La iniciativa, señala El Nuevo Herald, permitiría dar “vía legal a la ciudadanía para los 12 millones de inmigrantes ilegales” que se estima viven en suelo estadounidense, “al tiempo que destina miles de millones de dólares a aumentar la seguridad fronteriza, un esfuerzo que pagarían los propios inmigrantes”.
De concretarse esta posibilidad será para quienes cumplan varios requisitos, entre esos no tener antecedentes criminales y aceptar someterse a un periodo de “redención” de siete años antes de calificar para la ciudadanía por naturalización, explica Univisión.
Salazar defiende su propuesta: “El proyecto de ley tendría una vía para que los inmigrantes que llevan más de cinco años viviendo ilegalmente en Estados Unidos salgan de las sombras”.
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Plan migratorio para legalizar a más de 12 millones de personas en Estados Unidos
De acuerdo con la cadena noticiosa, la congresista resume seis elementos importantes del plan:
- Aborda la seguridad e infraestructura fronteriza,
- Crea un estatus legal para los inmigrantes indocumentados que ya viven en Estados Unidos con la posibilidad de obtener la ciudadanía,
- Establece nuevas vías para los solicitantes de asilo
- Crea nuevas vías legales para los migrantes económicos y los menores no acompañados.
- El programa concedería a los inmigrantes ilegales autorización para trabajar y vivir en Estados Unidos durante siete años, en el marco de un programa denominado “Estatus de Dignidad”, previo pago de 5.000 dólares.
- Después de esos siete años, los inmigrantes calificarían para el “Estatus de Redención”, que conduciría a la ciudadanía con un costo de otros 5.000 dólares.
Esto “supondría un gran alivio para millones de personas que, al margen de su situación migratoria irregular, se han comportado como ciudadanos respetuosos de la ley, pagando sus impuestos y criando hijos nacidos en Estados Unidos”.
Pasos hacia la ciudadanía
La iniciativa gira en torno de este tipo de situaciones: Quien esté en una condición migratoria irregular en Estados Unidos, haya vivido por cinco años ese país y no tengan antecedentes penales pueden entrar a un programa que les ofrece permiso de trabajo y de viaje por siete años, explica la agencia EFE.
En ese tiempo, “deberán pagar una suma de 5.000 dólares en “restitución” al gobierno”.
Estos fondos se usarán para ‘asegurar la frontera’ y para compensar a los ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados.
María Elvira Salazar de acuerdo con EFE
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Durante el periodo del “estatus de dignidad”, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales, explicó Salazar, según la agencia española.
Por ejemplo, tendrían que pagar su propio seguro médico, dijo Salazar a Univisión. Y, luego de completar los siete años, deberán esperar otros quinquenio para solicitar la ciudadanía estadounidense.
Después de los siete años de espera, quienes hayan atravesado el camino de la ‘redención o dignidad’, como lo establece la iniciativa, calificarían para iniciar el proceso de búsqueda de la ciudadanía por naturalización a través del formulario N-400.
María Elvira Salazar en Univisión
Acota la congresista republicana que “a los inmigrantes bajo el programa Dignidad se les deduciría 1,5% de su salario para un fondo especial que se usaría para asegurar la frontera”.
“Ese porcentaje se deduciría en lugar del 7% que normalmente se toma para la Seguridad Social y Medicare”, señala El Nuevo Herald.
Los candidatos elegibles, resalta, “se tendrán que agregar a la fila” de casos en espera de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Antecedentes del plan
Señala Univisión que el plan, denominado Ley Dignidad 2023, lo presentó Salazar en marzo de 2021 y 11 meses después dio a conocer una versión. Ninguna de las dos consiguió eco en las bancadas.
El plan original “incluía la legalización de dreamers y trabajadores esenciales que estuvieron en la primera línea de combate a la pandemia del covid-19, tanto en centros asistenciales como en la línea de producción y abastecimiento a la población”.
El proyecto de 2022, además, “exigía una permanencia de al menos 10 años en el camino de redención antes de calificar para la ciudadanía”.
Qué hace falta para la nueva iniciativa
Para ser aprobaba en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, el proyecto requiere 218 votos, mientras que en el Senado, bajo control demócrata, harían falta 60 votos y los republicanos solo tienen 49, enfatiza Univisión.
