La Hora .- Esperan que el informe del perito Roberto Meza se convierta en un material importante para la investigación de la Fiscalía en el caso de Jorge Gabela.
La decisión de sobreseimiento para los involucrados en la adquisición de los helicópteros Dhruv, generó reacciones encontradas en la sociedad ecuatoriana. Para Patricia Ochoa, esposa del asesinado excomandante de la Fuerza Aérea de Ecuador, general Jorge Gabela, el dictamen del juez José Rivera sienta un precedente “nefasto” para que los funcionarios públicos realicen operaciones con fondos públicos sin responder por ello.
Aunque la Fiscalía General del Estado ya apeló, no son pocas las voces de alerta que se han levantado ante este fallo judicial que pone en duda el balance de la justicia en el país.
Ochoa sostuvo que durante el desarrollo del caso se pudo evidenciar que “el juez Rivera no era tan igual para ejercer la ley ante todos”. Además, recordó que su esposo fue amenazado desde el mismo momento que se comenzó a hablar de la operación de compra de las aeronaves y destaca que siempre fue crítico con la compra de esos helicópteros por no cumplir con las disposiciones necesarias para su operación en Ecuador.
Respuesta penosa
La comisionada Jeannine Cruz, integrante de la Comisión Especial que coordina las actuaciones del perito Roberto Meza para la reconstrucción del tercer informe sobre el caso Gabela, indicó que la decisión tomada por la Justicia es “penosa”.
Cruz, quien hace unas semanas denunció que recibió amenazas por su accionar dentro de la Comisión, precisó que la operación de compra de los helicópteros Dhruv tiene dos investigaciones abiertas, la primera sobre el peculado de los fondos públicos y la segunda sobre la presunta relación que podría existir con el asesinato del general Gabela.
“Lo que acaba de contestar la Justicia realmente es penoso, porque tenemos claro que la adquisición del año 2009 de los siete helicópteros Dhruv por más de 50 millones que le costó al Estado ecuatoriano. Se cayó la primera aeronave en el 2010, luego en el 2014, 2015, 2016; cuatro helicópteros, los demás están fuera de servicio. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Por qué no hicieron caso a la adquisición de estos helicópteros? Porque evidentemente no tenían las características técnicas para que el Estado invirtiera en esa chatarra”, apuntó.
Solo se midió lo económico
Para Ochoa, la acción de la Justicia solo ha revisado el alcance económico y el perjuicio a las finanzas del Estado. “Creo que aquí solo se enfocaron en que el Estado no había perdido un centavo, pero no se enfocan en que los helicópteros se recibieron en malas condiciones” apuntó.
A su juicio, la FAE no recibió lo que había solicitado. “No tenían certificaciones para volar y, definitivamente, si no se entrega tal cual se pidió. Tiene que haber alguna sanción porque el proceso de contratación pública es claro”.
Sobre este punto, Jeannine Cruz consideró que “no nos satisface en este caso la decisión tomada por la Justicia, porque le está dando la espalda a las familias de los soldados que murieron en esos helicópteros”.
Más allá de que Seguros Sucre haya cubierto las indemnizaciones a las familias de los oficiales fallecidos en uso de esas aeronaves, para Cruz queda claro que no se ha hecho justicia en este caso.
“Elevo una crítica, porque la Justicia tiene una agenda partidista o una agenda política, no hay independencia, lamentablemente en la Justicia de nuestro país, hay jueces puestos por cierto sector político, que obedecen a ese sector político. Entonces, sí ha sido lamentablemente negativa esta sentencia”, remarcó.
Balance de Meza
Sobre la información brindada por el perito Roberto Meza y la Comisión especial de la Presidencia, la viuda de Gabela detalló que le sorprendió escuchar la existencia de tres informes sin firma, ni sumillas del perito dentro de la documentación enviada por las instituciones del Estado. “Nos llamó la atención la información que de la misma Secretaría de Transparencia y Gestión le llegó a la comisión tres informes del Perito Meza, sin firmas ni sumillas, que hablaban de delito común”.
Recordó que “en 2018, en el Ministerio de Justicia, encontré seis o siete informes del perito, de 25 hojas, 35, 45, que decían delito común, y un oficio adjunto donde la subsecretaria del Ministerio de Justicia, la señora Nadia Ruíz, enviaba a todos los ministros de los Ministerios que conformaron el comité institucional, para pedirles que siguieran haciendo observaciones al caso de Gabela. Estamos hablando de septiembre de 2014, ya el Perito Meza no estaba en el Ecuador”.
Ochoa precisó que los documentos que ella pudo observar tenían el membrete de la firma de Roberto Meza, pero no contaban ni con la firma, ni las sumillas, hecho que le pareció extraño y al consultar le dijeron que era un «avance del informe».
«Creo que a veces pretenden que todos los seres humanos somos ilusos, que no nos damos cuenta de detalles”, lamentó Ochoa.
Informe será un aporte para la Fiscalía
La viuda del General Gabela espera que la reconstrucción del informe se convierta en un apoyo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.
“Creo que es algo interesante, que va a apoyar de alguna manera a la Fiscalía”, apuntó.
Expuso sus dudas ante el accionar de los integrantes del Gobierno del expresidente Rafael Correa ante lo que pueda señalar el informe del perito Meza. “Pareciera que tuvieran mucho miedo, no sé si esconden algo más, pero pareciera que tienen miedo por la reacción que han tenido”, dijo.
Por su parte, Cruz considera que la politización del caso Gabela es consecuencia de un sector que busca ocultar la verdad. “La sentencia de la Corte Constitucional viene realizándose desde el año 2018, la Comisión se conforma antes de que decreten muerte cruzada en el mes de abril. Nosotros no sabíamos el escenario político”, precisó.
Jeannine Cruz dejó claro, “nosotros no utilizamos el drama humano, ni el dolor humano como una campaña política. Hablamos del asesinato de un ser humano, que ellos tengan esas prácticas, no significa que todos los ciudadanos tengamos prácticas similares”. (ILS)
