Estados Unidos restringe la entrada a cubanos, nicaragüenses y haitianos: cómo es el nuevo plan de Biden para atajar la crisis en la frontera

La cuota de migrantes se limitará a quienes tengan a un patrocinador financiero que ya esté en EE.UU. (individuos o representantes de organizaciones) y haya superado una investigación de antecedentes, pasen una investigación de seguridad y prueben que están vacunados contra la covid-19 y cumplan con otros requisitos sanitarios, lo que les permitirá vivir y trabajar en el país durante dos años.

 

Y aquellos que intenten entrar de forma ilegal serán expulsados bajo la norma sanitaria conocida como Título 42 con la intervención de la policía y en coordinación con México.

Biden urgió a aquellos que quieren migrar a que usen el nuevo procedimiento en lugar de tratar de llegar al país por sus propios medios.

 

“No se presenten en la frontera. Quédense donde están y soliciten (el acceso) de forma legal”, dijo Biden.

 

“Si tu solicitud es aprobada, podrás entrar. Si es denegada o intentas cruzar a Estados Unidos de forma ilegal, no te será permitido el acceso”.

 

Las solicitudes se deben realizar a partir de este viernes online, a través de la aplicación CBP One, que permite a los posibles solicitantes de asilo programar una llegada a un puerto de entrada a los EE.UU. Aquellos a quienes se les niegue o intenten cruzar ilegalmente no serán elegibles para el programa en el futuro.

 

Así es el nuevo plan, punto por punto:

 

• Consiste en la ampliación de la excepción temporal al Título 42 que hasta ahora se aplicaba a venezolanos y ucranianos.
• A partir de ahora también podrán optar a ella cubanos, haitianos y nicaragüenses.
• EE.UU. permitirá el acceso de hasta 30.000 ciudadanos de esos países al mes.
• Para poder optar al programa se debe tener un patrocinador financiero que esté ya en EE.UU., superar una investigación de antecedentes, pasar una investigación de seguridad y probar que se está vacunado contra la covid y que cumple otros requisitos sanitarios.
• Los potenciales patrocinadores (individuos o representantes de organizaciones) deben presentar a partir de este viernes 6 de enero una solicitud ante el Departamento de Seguridad Nacional, declarar su apoyo financiero y pasar una investigación de antecedentes para “evitar la explotación y el abuso”.
• Los migrantes que deseen acogerse al programa y cumplan con los requisitos, tendrán que programar la llegada a un puerto de entrada a EE.UU. a través de una app online y gratuita, CBP One.
• Podrán acceder a través de unos puertos de entrada determinados: Nogales (Arizona), Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass y El Paso (Texas), Caléxico y San Ysidro (California).
• Durante su proceso de inspección, los no ciudadanos deben dar fe verbal de su estado de vacunación contra la covid y proporcionar, si se solicita, un comprobante de vacunación contra la covid-19 de acuerdo con los requisitos de vacunación.
• Las solicitudes serán valoradas caso por caso y los que consigan luz verde tendrán permiso para vivir y trabajar en el país hasta por dos años.
• Las personas que ingresen a EE.UU., México o Panamá sin autorización después del anuncio de este jueves no serán elegibles para el proceso en el futuro.
• Aquellos que no se adhieran al plan y traten de acceder a territorio estadounidense de forma ilegal, serán expulsados en base a la regla sanitaria llamada Título 42.
• Los migrantes que no pueden ser expulsados conforme al Título 42, serán procesados por el Título 8, bajo el cual está codificada la Ley de Inmigración y Nacionalidad, promulgada en 1952.
• Esta norma, que ha estado también en vigor durante todo este tiempo, determina que se tiene que evaluar en cada caso si existe un temor creíble a ser perseguido en el país de origen para poder pedir asilo en EE.UU. Si se establece que no, la deportación es inmediata.
• Los expulsados en virtud del Título 8 tienen prohibido ingresar al país en cinco años y pueden enfrentar un proceso penal si lo intentan.

 

“Éxito” del plan para venezolanos

 

Según informó este jueves el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una rueda de prensa para explicar los detalles del plan, la ampliación se basa en el “éxito” del plan destinado a los inmigrantes venezolanos a partir de octubre del año pasado.

 

“Se ha comprobado que una vía legal simplificada reduce la migración irregular y facilita una migración segura y ordenada”.

 

En octubre ya se lanzó un programa similar para venezolanos, con un cupo de 24.000 al año, que a su vez estaba basado en un plan para ucranianos que huían de la guerra con Rusia. Ahora el modelo se amplía a otras nacionalidades con el objetivo de aliviar la presión migratoria en la frontera sur de EE.UU.

Según las autoridades, gracias al plan para los venezolanos se ha reducido en un 90% el número de los migrantes de esa nacionalidad que llegan a la frontera, una caída “dramática” en la cifra de aquellos que “eligen arriesgar sus vidas usando traficantes”.

Las cifras récord de llegada de migrantes y detenciones ha supuesto para Biden un creciente dolor de cabeza político.

Más de dos millones de personas fueron arrestadas tratando de cruzar la frontera en el último año fiscal, que terminó el 30 de septiembre, lo que supuso un aumento del 24% con respecto al año anterior.

• Especial BBC Mundo | La desesperación de los venezolanos varados en la frontera de México que no pueden entrar a EE.UU.

Del total de detenciones, cerca de 500.000 correspondieron a ciudadanos venezolanos, cubanos y nicaragüenses.

 

Título 42

Aquellos migrantes que no tengan patrocinador e intenten acceder a EE.UU. de forma ilegal serán expulsados en base al Título 42.

 

Este título, una antigua regla de salud pública activada durante la presidencia de Donald Trump, permitía expulsar a migrantes por la emergencia sanitaria del coronavirus sin que tuvieran la oportunidad de pedir asilo.

 

Según las autoridades estadounidenses de entonces, se introdujo para ayudar a prevenir la propagación de la covid-19 en los centros de detención.

 

Pasada la pandemia, la medida, sin embargo, se mantiene para que los solicitantes de asilo a Estados Unidos hagan el proceso en México.

 

Desde las organizaciones que abogan por los derechos de los migrantes se la tachó de ser una “política antiinmigración disfrazada de medida para proteger la salud”.

 

Desde que entró en vigor en marzo de 2020, en base a esta regla los migrantes fueron expulsados de EE.UU. más de 2,4 millones de veces sin poder solicitar asilo.

 

El Título 42 se aplicó de forma desproporcionada a aquellos de nacionalidades que México acepta recibir: además de los ciudadanos propios, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y más recientemente venezolanos.

 

Solo en el último año fiscal, de los devueltos al otro lado de la frontera 962.000 procedían de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y menos de 10.000 de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

 

Eliminar el Título 42 fue una de las principales promesas de campaña de Biden, y un juez federal de Washington había fijado el 21 de diciembre como plazo máximo para desactivarlo, por considerarlo “caprichoso” y “arbitrario”.

Pero tras un recurso de emergencia presentado por una serie de estados con gobiernos republicanos para mantenerlo en vigor y evitar así “exacerbar la catástrofe que ya está ocurriendo en la frontera sur”, la Corte Suprema la mantuvo.

 

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional está adoptando la nueva medida a la luz del “fracaso del Congreso para dar luz verde a la reforma migratoria propuesta por el presidente Biden desde su primer día” al frente del gobierno, dijo subrayó este jueves Mayorkas.

 

“Congreso, legisle, y arregle un sistema migratorio que todos concuerdan que está roto”, reclamó.

 

El nuevo anuncio llega un día después de que Biden informara de que el domingo visitará El Paso, Texas, una de las localidades fronterizas que más sufre la presión migratoria.

 

Lo hará de camino a México, donde participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte, la reunión trilateral anual entre el primer ministro de Canadá y los presidentes de México y EE.UU.

 

El gobierno federal informó de la intención de aceptar al menos 20.000 refugiados de América Latina y el Caribe en el año fiscal 2023-2021.