El Estado debe regularizar la producción, venta y consumo de drogas.
Así opinó el ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, en diálogo con “Punto de Orden”.
Para Ávila, esta es la única forma de acabar con las mafias dedicadas al narcotráfico. En vista que la lucha contra dicha actividad no ha tenido éxito, lo mejor es regularizarla, y que más bien genere impuestos al Estado, dijo.
Para el ex magistrado, este problema global no podrá ser vencido, mientras exista tan alto consumo en el primer mundo.
Consulta innecesaria
En cuanto a la consulta popular planteada por el presidente Noboa, la consideró innecesaria, ya que la mayoría de los temas mencionados hasta ahora, pueden evacuarse mediante reformas legales en la Asamblea Nacional.
En cuanto a la pregunta para permitir una participación activa de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, advirtió que es un tema muy peligroso, pues la historia ha demostrado que cuando goza de excesivo poder, el Estado puede caer en abusos, e incluso genocidios.
Como ejemplo mencionó la situación de El Salvador. A su criterio, el gobierno de Nayib Bukele ha caído en una represión, que afecta a los más débiles de la sociedad.
No se trata de cambiar la naturaleza de las Fuerzas Armadas, sino de fortalecer a la Policía, pues ambas tienen roles específicos y distintos, puntualizó Ávila. En el caso de los militares, el orden externo y fronterizo, y en el de los policías, el orden interno.
De darle demasiado poder a las FFAA, acotó, podríamos correr el riesgo de vivir lo que ya sufrió Colombia en los años 90, con abusos y crímenes muy graves.
Asimismo, al mencionar un posible aumento de penas para ciertos delitos, la consulta popular no especifica cantidades ni tiempos, lo cual podría acarrear condenas desproporcionadas. Es decir, apuntó Ávila, solo hay lineamentos generales.
El ex magistrado estimó que, si se ratifica la consulta, debe versar sobre exclusivamente sobre seguridad y empleo, los temas de mayor importancia para el país.
En cuanto al Yasuní, se mostró partidario de hacer respetar el resultado de la consulta popular de agosto pasado, que ordenó detener la explotación petrolera y desmontar la estructura.
Ávila estimó que debe imponerse la conciencia ecológica, y enfrentar las que considera amenazas de las actividades extractivas. Y más aún cuando cree evidente que el gobierno no tiene la voluntad política de para la actividad en el Yasuní.
