La jueza María Belén Domínguez concedió parcialmente una acción de protección después de que se aprobó la remoción del exalcalde de Quito.
Esta comisión estaba conformada por el exvicealcalde y actual alcalde, Santiago Guarderas, así como por las concejalas Mónica Sandoval, Analía Ledesma y el concejal Fernando Morales.
Entre las pruebas presentadas también constan audios y mensajes mantenidos por WhatsApp entre las funcionarias judiciales y Domínguez.
Según la hipótesis que manejó Fiscalía, la exjueza habría dispuesto que la acción constitucional ingresara al Complejo Judicial Sur de Quitumbe, con la consigna de que debía recaer sobre ella, cuando lo que correspondía era que el proceso se tramitara en la Unidad de Delitos Flagrantes, pues se ingresó fuera del horario laboral (17:03).
El caso llegó a su despacho como un proceso de “violencia contra la mujer y la familia mediante un acto urgente”, recalcó Fiscalía. Esto permitió que el expediente no se sorteara entre los 331 jueces del DMQ, sino que las posibilidades se redujeron a los cuatro que conformaban la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia.
Se consultó con el exalcalde Jorge Yunda, quien respondió que no conoce a la exjueza. “Espero que, como cualquier ciudadano, tenga un debido proceso. No quisiera pensar que, como trató temas relacionados a un político (al que le) que atropellaron todos los derechos, para sacarme de un cargo ganado legítimamente en las urnas, le haya complicado”, agregó
Fuente: El Universo
