Se espera una sentencia de última instancia que ratifique o rechace una primera decisión que sancionó al exalcalde con la pérdida de sus derechos políticos.
La próxima semana podría definirse la participación del precandidato a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda, quien busca la reelección, al conocerse que el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se reuniría para emitir una sentencia de última instancia, respecto de una denuncia por infracción electoral que se tramita en su contra.
El próximo 21 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará oficialmente a las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se realizarán el 5 de febrero del 2023.
Es decir, restan 17 días para que este caso se solucione, antes de que empiece oficialmente la etapa de inscripción de candidaturas, que rige desde el 22 de agosto hasta el 20 de septiembre.
Yunda fue escogido, este 3 de agosto, como precandidato a la alcaldía de Quito, auspiciado por una alianza electoral denominada ‘Juntos por la gente’, conformada por los movimientos Pachakutik (PK), Mover (antes Alianza PAIS) y Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), recién constituido por Arturo Moreno, primo del expresidente de la República, Lenín Moreno.
No obstante, la posible inscripción de la candidatura de Yunda se debate en la decisión del TCE, que debe resolver esta denuncia planteada por el alcalde de Quito en funciones, Santiago Guarderas, quien alega que el exalcalde se mantuvo en el cargo con acciones de protección, pese a que la justicia electoral había ratificado la legalidad de su remoción, resuelta por el Concejo Metropolitano.
El juez Ángel Torres emitió una sentencia de primera instancia en octubre del 2021, en la que sancionó a Yunda con la pérdida de sus derechos políticos por tres años y una multa de 50 salarios básicos, por haber incurrido en las infracciones electorales contempladas en los numerales 2 y 12 del artículo 279 del Código de la Democracia.
También sancionó a la jueza María Belén Domínguez que concedió la acción de protección a Yunda para evitar su remoción y a Raúl Mariño y Cenia Vera, jueces de la Corte Provincial de Pichincha con su destitución, por interferir de “manera grosera” al dictar sentencias que se “superponen a la actuación” del Tribunal Contencioso.
Torres aceptó el recurso de apelación, pero el proceso se mantuvo suspenso por nueve meses por las continuas recusaciones y excusas que enfrentaron los magistrados principales y suplentes, evitando así que se integre un tribunal.