Una serie de ataques violentos se han perpetrado, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2022, en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Se registraron más de 18 hechos de violencia.
Por ejemplo, el 1 de noviembre, cinco policías fueron asesinados. Armados dispararon contra un centro de salud en Guayaquil, Unidades de Policía Comunitarias (UPC) fueron atacadas, carros bomba explotaron, dos presos resultaron heridos tras un enfrentamiento entre miembros de bandas delictivas en la Penitenciaría del Litoral, entre otros hechos de violencia.
Los actos de violencia pusieron en alerta al Gobierno, a militares, policías y ciudadanos. De hecho, el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción y toque de queda en Esmeraldas y Guayas.
Tras los hechos de violencia, el Primer Mandatario también dijo que se ha emprendido un trabajo articulado con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los servicios de inteligencia e investigación.
La ola de violencia
EL COMERCIO habló con expertos en temas de seguridad y ellos coinciden que lo que ocurre en el país es un resultado de “la falta de capacidad de control del Estado”.
Mario Pazmiño, consultor internacional en temas de seguridad, considera que se llegó a estos niveles de violencia, porque las organizaciones delictivas comenzaron a desplazar por medio de la violencia al Estado en zonas o territorios específicos.
Pazmiño mencionó, por ejemplo, los sectores de Bastión Popular, en Guayaquil, o la zona de la Guacharaca, en Esmeraldas. Para el experto, en esos lugares “no hay presencia policial ni gubernamental, pero sí existe presencia de estructuras del crimen organizado”.
El criminólogo Santiago Argüello cree que la violencia e inseguridad se desató por “la ausencia y la incapacidad estatal para afrontar estos problemas”. Él considera que actualmente se está viviendo “el peor momento de violencia en el país”.
¿Cuáles son las posibles soluciones?
El experto en seguridad, Diego Pérez, dice que es necesario que exista un mayor número de policías y militares en las calles. Además, dijo que el Gobierno debe dotar de insumos y equipos a la fuerza pública para combatir a la inseguridad.
Pazmiño tiene un criterio similar. Él señala que debe “haber presencia disuasiva permanente” de las fuerzas del orden. Es decir que policías y militares trabajen conjuntamente para que haya presencia masiva de uniformados las 24 horas del día, en las diferentes zonas del país.
Otros analistas coinciden que el despliegue policial y militar debe ser permanente en las zonas más conflictivas y que los patrullajes no sean esporádicos en estos sitios.
En cambio, el criminólogo Argüello sostiene que solucionar los problemas de violencia es complejo y que primero se debe identificar cuál es el fenómeno criminal al interior de la sociedad y cuáles son los focos del conflicto.
Él también considera que en el Ecuador debe existir un sistema de Inteligencia que sea capaz de prevenir un hecho delictivo. “Un buen Gobierno debería tener un sistema de Inteligencia que sea capaz de prevenir los riesgos y las amenazas existentes en la sociedad”.
Otro experto, que prefirió que su nombre sea reservado, plantea que los procesos judiciales contra las personas que cometen asesinatos o actos violentos deben ser más ágiles. “Debe haber una adecuada persecución del delito y el sistema de justicia debe actuar de forma ágil para que haya una sanción y los hechos no queden en la impunidad”.
Fuente: El Comercio
