A pedido de muchos sectores, el gobierno nacional incluyó en el proyecto de consulta popular una pregunta, relacionada a la posible extradición de los ecuatorianos implicados en determinados delitos graves, y que sean reclamados por otros países.
Sin embargo, no es tan sencillo que se haga realidad, incluso si es calificada por la Corte Constitucional, y recibe el voto favorable de los votantes.
Para empezar, sería necesario que exista una medida recíproca en el país que solicite la extradición. Lo que significa que el delito por el cual pidan al ecuatoriano, sea castigable en ambas partes.
De lo contrario, la norma no podrá emplearse por la justicia.
Una extradición no incluirá delitos políticos, militares ni religiosos. En cambio, se aceptarán pedidos por acciones de terrorismo, atentados contra jefes de Estado o crímenes contra la humanidad.
También se podrá extraditar a ecuatorianos nacionalizados.
Otra condición es no aplicar la pena de muerte para los connacionales que sean extraditables. Tampoco se aceptarán condenas de carácter inhumano, crueles o degradantes hacia tal persona.
La pregunta, ya recibida por la Corte Constitucional, dice lo siguiente:
“¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?”.
De recibir el “Sí”, el primer paso para que entre en vigencia será realizar una enmienda constitucional al artículo 79 de la Constitución de la República, que prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos ecuatorianos.
