LA HORA .- Al menos tres filtros existen para que la Inteligencia Policial funcione. La filtración de audios revela una debilidad institucional. Expertos opinan que hay altos rangos que caen en el error de creerse políticos y no policías.
Cuando Juan Zapata asumió el cargo de ministro del Interior, en medio de la crisis que sufría la Policía Nacional por el femicidio de María Belén Bernal, se comprometió a levantar la imagen de la institución.
En 2022, la Policía Nacional terminó con un 84% de rechazo ciudadano. Ese fue un cambio radical respecto a la pandemia, cuando tenía un 92% de aceptación ciudadana. “A eso queremos volver (…) La justicia llega con acciones”, dijo Zapata.
El Ministro hizo esas declaraciones en septiembre de 2022, el presidente Guillermo Lasso, había pedido la destitución de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce, por omisiones dentro del femicidio de Bernal, hecho ocurrido dentro de la Escuela Superior de Policía.
Pero Giovanni Ponce no dejó la institución sino hasta el 14 de marzo de 2023, y no por el caso de Bernal; sino por la filtración de una conversación que tuvo con el también general, Mauro Vargas. Ambos habrían promovido el archivo de la investigación ‘León de Troya’, que se enfoca en el supuesto vínculo entre Rubén Cherres y la mafia albanesa.
Ponce y Vargas se suman a una lista de altos rangos de la cúpula policial que han sido separados por sospechas de corrupción. En diciembre de 2021, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador habló de la existencia de narcogenerales en el país y, aunque no dio nombres, a los pocos días les retiró las visas a Víctor Araus, Pablo Rodríguez, Paulo Terán y Édgar Correa.
Araus era uno de los más altos rangos y opcionados a llegar a ser comandante general de la Policía. Sin embargo, Lasso lo cesó de sus funciones.
Así se suman siete bajas en la cúpula policial, en menos de dos años de Gobierno.
La inestabilidad no solo se nota en hechos lamentables como el caso Bernal o el retiro de visas; sino en la vulnerabilidad del equipo de inteligencia policial, al no prever la filtración de información.
‘Crisis no controlada’
El abogado y exmiembro de la Policía, Stalin Sacoto, señala que la salida de los dos generales (Ponce y Vargas) es una crisis no controlada, no solo de la Policía Nacional, sino del Ministerio del Interior y del poder Ejecutivo.
“Es una crisis a la que no se debió llegar. Los generales que sabían y conocían sus acciones debieron pedir la disponibilidad o baja hace mucho tiempo”, opina Sacoto, aunque destaca que la salida es mediática, pues, legalmente, “esos audios (publicados por el medio digital La Posta) pueden carecer de validez probatoria, por no estar ordenado por autoridad competente”.
“Ahora es importante que ellos (Ponce y Vargas), dentro del proceso de investigación den su versión de los hechos, al momento solo tenemos una parte”, menciona Sacoto.
Policías no políticos
La socióloga, Gabriela Oñate, indica que uno de los problemas dentro de las cúpulas policiales es “no asumir su rol de funcionario y creerse políticos. Lamentablemente, muchos policías asumen este rol, porque saben que puestos de altas jerarquías como la codiciada Comandancia de la Policía es un cargo, muchas veces, no siempre, más político que meritorio. Ahí se inicia la corrupción”, comenta.
Son estos mismos intereses y pugnas internas dentro de la institución que hacen vulnerable – según Oñate– la seguridad interna de la Institución. Con esto concuerda Sacoto, y menciona que hay deficiencias en las etapas del trabajo de inteligencia.
Contrainteligencia
Para Sacoto, lo que queda en evidencia “es que en el alto mando de la Policía no utilizan medidas de contra contra inteligencia”.
Estas son las diferencias de estos tres términos:
- La inteligencia es la anticipación estratégica de una acción
- La contrainteligencia es evitar que algo o alguien no me permita anticiparme.
- La contra contra inteligencia son medidas que permiten estudiar los movimientos de quien ha ejercido contra inteligencia.
«En definitiva, o no los tienen o no saben que existen dispositivos de contra medidas electrónicas (emisores de sonido rosa o ruido) justamente para evitar ser grabados o escuchados”, advierte Sacoto.
En 2022, la Policía Nacional terminó con un 84% de rechazo ciudadano.
