EL UNIVEROS .– El legislador pidió al presidente de la Corte hacer seguimiento y control al dictamen de admisibilidad del proceso en contra del mandatario.
Villavicencio alegó que dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la que preside, se están presentando obstáculos para el proceso al igual que de parte de los asambleístas solicitantes del juicio y denunció presuntos actos de mala fe.
“Señor juez, es evidente los obstáculos constantes de los asambleístas solicitantes y de los cinco legisladores de la comisión quienes quieren generar conflicto y desobediencia a mis disposiciones en mi calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político y a su dictamen que lo estamos cumpliendo a cabalidad”, subrayó en la misiva.
Entre los obstáculos que denunció el legislador están:
La moción del 10 de abril del legislador Roberto Cuero, que fue aprobada por 5 votos, la que generó la resolución CEPFCP-2021-2023-031, para inadmitir las pruebas solicitadas por los asambleístas Ana Belén Cordero Cuesta y Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, por considerarse que no son útiles, conducentes o pertinentes.
Villavicencio mencionó que esto ocurrió a pesar de ser pruebras “fundamentales para el análisis del tercer cargo admitido por la Corte, ya que hacen referencia a los hechos ocurridos en EP Flopec y que servirán para la elaboración del informe del juicio político que será sometido a votación por la Comisión de Fiscalización y Control Político”.
“Nuevamente se afirman los intereses de los cinco asambleístas que votaron a favor de la resolución para que este juicio político no se rija a lo dispuesto en el dictamen, sino que se fundamente a la conveniencia de ellos y de los partidos políticos que representan, a pesar de que sus decisiones y acciones sean contrarias a la ley y a los preceptos jurídicos”, apuntó.
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Los cinco legisladores que han tomado esta postura, según Villavicencio, son: Comps Pascasio Córdova Díaz, Roberto Emilio Cuero Medina, María Gabriela Molina Menéndez, Pablo Bolívar Muentes Alarcón y Luis Bruno Segovia Mejía.
Otra “traba” según el legislador se registró el 11 de abril cuando, a través de un memorando, el asambleísta Comps Córdova Díaz dejó sentada una queja por incumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias del secretario relator de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
”Siendo inaudito que en la mitad de un juicio político se busque sancionar al secretario relator por considerar que no está realizando su trabajo, cuando todas las providencias, resoluciones y actuaciones las ha realizado apegado a la ley, con el único fin de ejercer presión y causar miedo en la tramitación del juicio”, recalcó Villavicencio.
En cuanto a las trabas de los asambleístas solicitantes, el legislador denuncia que los asambleístas Rebeca Viviana Veloz Ramírez, Pedro Aníbal Zapata Rumipamba, Mireya Katherine Pazmiño Arregui y Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde presentaron ante el secretario relator de la Comisión de Fiscalización un escrito con las pruebas singularizadas para el presunto delito de peculado conforme lo señalado en el dictamen de la Corte Constitucional, mediante el cual se aportaron 11 pruebas documentales, y explicó que de estas, dos no fueron aportadas inicialmente en el proceso, “por lo que no son conducentes con el proceso, al tratarse de hechos distintos a Flopec EP.
Asimismo, explicó que en el escrito se singularizan doce comparecencias para el delito de peculado aspirando agregar dos testimonios adicionales de Hugo Aguiar Lozano y Valm. Jhonny Estupiñan, esperando que la Comisión de Fiscalización no verifique esta información antes de proveer los escritos necesarios.
“Es vergonzoso pensar que los señores asambleístas pretenden inducir al error a la Comisión de Fiscalización y Control Político y a su autoridad, asumiendo que no se verificará la información plasmada en la solicitud inicial de juicio político a la presentada como singularización de la prueba”, indicó.
Villavicencio dice que en ambos casos “se puede evidenciar que los asambleístas solicitantes pretenden actuar de mala fe, al incorporar pruebas nuevas sin ser el momento procesal oportuno, siendo únicamente válidas las pruebas determinadas en la solicitud de juicio político inicial”, por lo que pidió a Lozada “verificar la actuación de los legisladores, que una vez más están buscando alterar el juicio político”.
El último incidente que denunció el asambleísta ante la Corte Constitucional es lo ocurrido en la sesión de la comisión del viernes 14 de abril, en la cual se resolvió por unanimidad aprobar todas las pruebas de oficio solicitadas por los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político, considerando que las pruebas de Villavicencio y Cordero que fueron inadmitidas el 10 de abril por no ser conducentes, útiles o pertinentes fueron solicitadas como pruebas de oficio por los mismos asambleístas que votaron a favor de la resolución de inadmisión.
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“Esto, sin duda expresa la mala fe de los cinco legisladores que están ejerciendo la oposición en las sesiones de la Comisión para poner trabas al proceso y no permitir que fluya de manera adecuada, sin considerar que también pretenden que no se cumplan las etapas procesales establecidas en la ley y que se reduzca el plazo para presentar pruebas de oficio, violando el derecho a la defensa de las partes”, apuntó.
El asambleísta manifestó que los cinco asambleístas ya han dejado clara su posición ante el juicio, antes de conocer el contenido de las pruebas y de las comparecencias, “por lo que es evidente el deseo de presentar una oposición y disputa constante en el seno de la comisión”.
“Este proceso se encuentra a mi cargo y siempre actuaré con los principios éticos y de transparencia que me caracterizan sin miedo a las amenazas que se realicen en mi contra. Conforme a lo señalado y por ser de mi interés realizar un juicio transparente, solicito a su autoridad se sirva efectuar el seguimiento y control al dictamen de admisibilidad parcial por el presunto delito de peculado n.º 1-23-DJ/23, de 29 de marzo del 2023 y verificar el debido proceso de este juicio político en contra del presidente de la República ,señor Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza”, finalizó.
