El fiscal general, Wilson Toainga, acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para responder inquietudes sobre la posible actuación irregular, de ciertos funcionarios de su entidad.
La mesa parlamentaria analiza cuestionamientos y denuncias contra determinados jueces y fiscales, en las audiencias de flagrancia contra delincuentes peligrosos.
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Las quejas señalan que muchos de estos hampones fueron liberados, pese a las evidencias obtenidas durante sus detenciones.
Información de partes policiales
Durante su intervención, Toainga explicó ante la comisión, que las actividades de flagrancia se concentran en la información que entregan los partes policiales. Es decir, dependen de los reportes que elaboren los agentes encargados de cada caso.
Anotó que de allí se llega a la “noticia criminis”, y después se presenta la postura ante el juez, quien decide si acoge o no el pronunciamiento del fiscal.
“Existe una responsabilidad del fiscal en la sustentación. No todos los casos ameritan de prisión preventiva, pero sí en su mayoría. Si el juez rechaza la medida, el fiscal puede apelar la decisión”, indicó Toainga.
Sobre las medidas sustitutivas
El fiscal general agregó que los operadores de justicia, que llevan casos de crimen organizado, deberían tener un protocolo distinto a los demás funcionarios. “Seguimos trabajando con la misma legislación. Necesitamos un respaldo, no podemos seguir a la deriva”, dijo.
Sobre posibles sanciones a fiscales que favorecen a detenidos, dejó en claro que esa tarea está a cargo del Área de Control Jurídico de la Fiscalía, que elabora informes disciplinarios
Los miembros de la comisión consideraron valiosos los aportes del funcionario, con miras a plantear posibles reformas penales.
