De los 18 procesados por el delito de peculado en el denominado caso Dhruv, 16 fueron acusados como autores, mientras que dos fueron acusados de cómplices.
En calidad de autores del delito de peculado también fueron acusados el brigadier general de la FAE Antonio Puga, el excomandante de la FAE Rodrigo Bohórquez, el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional Carlos Morales, el exjefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) y (sa) de la FAE; el capitán de fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres.
Al juez le tomó más de 50 minutos el fundamentar por qué desechaba los argumentos planteados por las defensas y a los cuales los agrupó en dos temas de alegaciones.
El primero, el que atacaba a una violación de trámite en la audiencia de “reapertura” de la investigación al haberse vulnerado el derecho a la defensa de ciertos investigados por no haber sido convocados a la diligencia y la vigencia o no de la exigencia del requisito de procedibilidad del informe de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado; y el segundo, el impedir el derecho a la defensa en específicas peticiones, diligencias, versiones y documentos en ciertos impulsos fiscales señalados.
El argumento de nulidad en el que se centró el debate en la primera fase de la audiencia preparatoria de juicio fue el proceso para “reaperturar” la investigación en este caso, en el que se dio una audiencia el 23 de diciembre de 2020, al que las defensas de varios de los ahora procesados no fueron notificados, no asistiendo a ella para poder contradecir lo que expuso Fiscalía.
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Luis Rivera desechó ese argumento de nulidad asegurando que al menos 11 de los 18 ahora procesados fueron notificados a la audiencia de “reapertura”, pero lo que sucedió es que esas personas no fueron. Ante ello aclaraba el juez que no se vulneró el derecho a la defensa, sino que los notificados no ejercieron su derecho a estar en la audiencia y defenderse.
La fiscal general en su exposición, parte del dictamen, explicó que las actuaciones sistemáticas de los ahora procesados infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Resaltó que los acusados arbitrariamente haciendo uso de su función erogaron los recursos del Estado en beneficio de la empresa adjudicada HAL, transgrediendo de esta forma el bien jurídico de la eficiencia de la administración pública desde el deber de fidelidad y lealtad del servidor público y el deber de actuar conforme a los principios que rigen a los servidores públicos.
Salazar recordó que de los siete helicópteros que fueron adquiridos el 5 de agosto de 2008 para ser parte del Ala de Combate número 22 de la FAE, cuatro se accidentaron dejando tres muertos y siete heridos. Las restantes tres aeronaves no estarán en funcionamiento debido a que se detectaron fallas en su estructura.
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El perjuicio para el Estado por estas irregularidades en la contratación, definido por la Fiscalía, se acercaría a $ 66′406.293,74.
Al momento la fiscal general continúa haciendo una individualización de la participación de cada uno de los acusados por el delito de peculado. Luego continuará con el anuncio probatorio, es decir, con la prueba que tentativamente usaría si el juez acoge el pedido de llamar a juicio a todos los procesados. Ese mismo proceso se deberá dar con la acusación particular: la Procuraduría General y las defensas de los 18 sospechosos.
Luego de ello, el juez nacional Rivera entraría a analizar los fundamentos expuestos en los días de audiencia para tomar una decisión de si llama a juicio a algunos, a ninguno o a todos.
Fuente: El Universo
