En una audiencia realizada la mañana de este martes, la Fiscalía General involucró a otras 13 personas en el llamado “Caso Purga”, que investiga una red de corrupción en la función judicial, con la participación de operadores políticos.
Los nuevos implicados se suman a los otros 12, con lo cual serán 25 los encausados por el delito de delincuencia organizada.
La diligencia debía realizarse el lunes, pero el juez de la causa, Javier de la Cadena, ordenó diferirla 24 horas, a fin de darle tiempo a los abogados de los involucrados a que estudien los expedientes.
El principal acusado en el “Caso Purga” es el exasambleísta Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano. De acuerdo a la Fiscalía, él dirigía la red de corrupción formada en la Corte del Guayas, donde los jueces vendían sorteos y sentencias a cabecillas de bandas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Debido al mayor número de implicados, el juez dispuso la ampliación del periodo de instrucción fiscal, hasta fines del presente mes.
Encabeza la lista de los 13 señalados Mercedes Villarreal, ex directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, acusada de archivar procesos disciplinarios contra varios jueces, incluida la ex presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo.
También fueron involucrados Tatiana Villafuerte, asesora de Muentes en la Asamblea; Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura en Guayas; Hugo González, juez y ex presidente de la Corte del Guayas; José Poveda, exjuez, y detenido cuando pretendía salir del país; Andrés Chávez, ex asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE); Coronel Juan Riofrío, comandante de la misma unidad; Coronel Freddy Játiva, ex comandante del citado CIE; Andrea Patiño, jueza de Durán; Susana Batalla, funcionaria del área de sorteos de la Corte del Guayas; Jackeline Domínguez, coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas; Mirian Rodríguez, secretaria de la misma institución; y Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil.
Algunos de los implicados favorecieron a Muentes en su causa contra el Banco del Pacífico. El exlegislador falsificó recibos de una deuda que mantenía con dicha institución, y después la demandó por supuesta afectación. Gracias a la red de corrupción, logró que le dictaran una indemnización por casi 4 millones de dólares, aunque no llegó a cobrarla.
