La Fiscalía General del Estado solicitó una condena contra el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas por el delito de delincuencia organizada, dentro de un proceso relacionado con la presunta comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 e insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
Durante su alegato final, la Fiscalía sostuvo que los procesados habrían integrado una estructura delictiva entre marzo y agosto de 2020, obteniendo beneficios económicos mediante la venta de más de 21 000 pruebas covid y otros productos médicos.
Según la teoría fiscal, la organización habría utilizado bienes y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito para trasladar los insumos médicos. Peritos y testigos que participaron en el juicio coincidieron en que las pruebas eran movilizadas bajo custodia oficial hacia la vivienda del exmandatario.
La investigación también señala que dos ciudadanos israelíes estuvieron encargados del traslado de las pruebas y otros insumos, como mascarillas y lancetas. Uno de ellos fue asesinado en 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral.
Además, la Fiscalía indicó que Jacobo Bucaram habría pagado más de 321 000 dólares en efectivo por la mercadería, de acuerdo con testimonios incorporados al proceso judicial.
Las autoridades sostienen que parte de los implicados fingía pertenecer al cuerpo diplomático y a la DEA de Estados Unidos para movilizarse sin controles. Asimismo, se aseguró que las pruebas eran comercializadas en distintas provincias sin facturación ni pago de impuestos.
El juicio comenzó en abril de 2025, luego de varios diferimientos registrados desde 2022. En total, cerca de 50 personas, entre testigos y peritos, rindieron su testimonio durante el proceso.
La decisión final del tribunal se conocerá en los próximos días. El delito de delincuencia organizada contempla penas de hasta 10 años de prisión, que podrían incrementarse en caso de agravantes.
