La aprobación del juicio político a la fiscal general, Diana Salazar, sigue generando controversia.
Pero el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, le baja el tono. Lo que hizo el Consejo de Administración Legislativa, dijo, es dar luz verde a la interpelación. ¿Cuándo sería? Falta mucho todavía, pues los juicios son evacuados de acuerdo al orden de presentación. Y no significa necesariamente que este, en particular, termine en censura.
En diálogo con “Punto de Orden”, Kronfle explicó que, de acuerdo a las reformas al Código Orgánico, el CAL se limita a revisar los requisitos de todo juicio político. Y en el planteado contra Salazar se detectaron algunos errores, que después fueron subsanados. Por tanto, el proceso fue aprobado.
De ahí pasa a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que debe recibir pruebas, testimonios y descargos de las partes involucradas. Entonces, y solo entonces, se determinaría fecha para la interpelación en el plano. Como hay varios en cola, podemos hablar de meses de espera.
Kronfle precisó que las reformas al Código Orgánico, permiten que este tipo de temas se trate de forma mucho más equilibrada, pues solo el pleno, obviamente con mayoría, podría censurar y destituir a la fiscal. Y por cierto, el Partido Social Cristiano, al cual se pertenece, ya dejó en claro que no votará por una posible censura.
El presidente de la Asamblea pidió recordar que es un juicio político –subrayando la palabra “político”-. Es decir, no se maneja con los mismos parámetros que un juicio civil o penal. Su esencia es diferente.
El tema es mucho más delicado por tratarse de la fiscal, acotó. La Asamblea no puede intervenir en la justicia, y tampoco exigir información que por ley se mantiene en reserva.
El Consejo de la Judicatura, en la mira
No se escapó a Kronfle el interés nacional, por el posible enjuiciamiento político al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; al vocal, Xavier Muñoz; y a la ex consejera, Maribel Barreno. Los 3 son blanco de numerosas denuncias, por las graves irregularidades detectadas en el concurso, para elección de nuevos jueces de la Corte Nacional.
La interpelación todavía no es presentada oficialmente, señaló el titular del Parlamento. Además, la función legislativa no tiene la capacidad de interferir en la judicial. Sin embargo, lo que sí prometió es que exigirán respuestas frente a ese cuestionado concurso, y si se comprueban las anomalías, buscarán caminos para actuar.
Estamos legislando
Kronfle rebatió las críticas lanzadas a la Asamblea, por supuestamente dar prioridad a la fiscalización y no a la legislación. Como evidencia citó la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Privada y de otras normativas, que permitirán mejorar el combate a la delincuencia.
También destacó la compilación de todas las reformas penales que quedaron pendientes, para ser tratadas en un solo bloque; la Ley de Equidad Salarial; y la Ley de Gestión de Riesgos, tan necesaria ante la cercanía del fenómeno de El Niño. Sin olvidar, por supuesto, el análisis del proyecto enviado por el presidente Noboa, destinado a la generación de empleo.
En cuanto a la Ley de Extinción de Dominio, consideró necesario reformar varios de sus capítulos, pues dentro de un país con un sistema judicial corrupto, se volvería muy peligrosa.
No hay una sola “alianza”
En cuanto al pacto que rige en la Asamblea, entre la alianza gobiernista ADN, el PSC y el correísmo, quiso dejar en claro que no es tan rígido como dicen. Más bien señala que se manejan “mayorías móviles”.
La prueba está en la designación de autoridades internas. La votación varió en cada una, fruto de entendimientos entre bancadas. Kronfle remarcó que la Revolución Ciudadana carece, por sí sola, de mayoría en las comisiones. De hecho, la distribución de cargos se realizó para que todos participen en todo.
Una vez gestionada la reforma planteada por el gobierno, el PSC lanzará 3 importantes proyectos. Se trata de leyes destinadas a fomentar la agricultura, la ganadería y la pesca. Además, su bancada propondrá una ley que impida meter mano a los recursos del IESS, y otra normativa que automatice la transferencia de los recursos de los gobiernos seccionales.
Finalmente, explicó los problemas que vive el Parlamento, a causa de los recortes presupuestarios. De los 55 millones que debían recibir este año, bajaron a 33, lo cual obliga a recortar personal y otras actividades.
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