A nivel legislativo se plantearán dos reformas al Código Orgánico Integral Penal.
El grupo de asambleístas que integran el Frente Parlamentario Anticorrupción solicitó al presidente de la República, Guillermo Lasso, la eliminación de la tabla de consumo de drogas como una acción concreta para enfrentar esa fuente de corrupción e inseguridad.
Desde el 2013, y a través de varias reformas, están vigentes en el Ecuador las ‘Tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala’, que si bien tenían como propósito establecer los parámetros que permitan determinar los niveles de porte y consumo, diferenciar así a los consumidores, microtraficantes y narcotraficantes, se han convertido a la postre en la puerta abierta a la comercialización indiscriminada de drogas, señala el documento que fue entregado en Carondelet.
Los legisladores liderados por Sofía Sánchez, Ricardo Vanegas, Fernando Villavicencio, Gisella Molina, Pedro Velasco, entre otros, recuerdan al jefe de Estado que las ‘Tablas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala’ fueron emitidas en su momento por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), sobre la base de las disposiciones legales contenidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP); y que en la actualidad, el ejercicio de esta facultad corresponde al Ministerio del Interior.
Por lo que plantean al presidente, Guillermo Lasso, la urgencia de diseñar e implementar una política pública de salud, para prevenir, controlar y erradicar el consumo de drogas.
Dicha política pública deberá contemplar el análisis serio y responsable sobre la eliminación de las ‘Tablas’ de consumo de drogas; a la par de asignar los recursos económicos suficientes para que el Estado brinde una atención oportuna en este ámbito y, sobre todo, se termine con esta fuente de corrupción e inseguridad.
La legisladora Sofía Sánchez (Pachakutik) señaló que este grupo de legisladores está comprometido a trabajar en dos vías, para dar respuestas a los jóvenes con el grave problema que enfrentan en los colegios del país, por un lado solicitar al presidente de la República que derogue el decreto donde se estipula la tabla de drogas, y a nivel de la legislatura se reformar el COIP en los artículos 220 y 228.
La derogatoria permitirá eliminar el microtráfico a nivel de los planteles educativos, porque actualmente la legislación establece que no es punible tener sustancias sicotrópicas en pequeñas cantidades, basados en una tabla de consumo, por lo tanto, se ha incrementado en los últimos años la venta y el consumo; de ahí que, la eliminación de esa tabla llevará a penalizar la venta libre y el microtráfico de drogas.
El asambleísta Fernando Villavicencio recordó que el correísmo, en el año 2014, fue el que aprobó este mecanismo de regulación que facilita el consumo de drogas basados en una tabla; eso permitió que los grandes carteles de la droga paguen a sus operadores ya no en dinero en efectivo, sino en especie.
Con ello, los operadores intermedios de los carteles reciben la paga en cocaína y ellos son los que tienen que ampliar redes en los barrios, colegios y ciudadanía para vender la droga, y para hacerlo viene la disputa del mercado a través de verdaderos ejércitos como Los Tiguerones, Los Lobos y Chone Killers, afirmó Villavicencio, quien señaló que una de las formas de enfrentar a los carteles es eliminando esta tabla o cartilla de consumo de drogas.
A nivel de la Asamblea, actualmente, en la Comisión de Justicia se trámite un proyecto de ley que reforma al COIP, precisamente, para eliminar la tabla de consumo de drogas. El proyecto es de iniciativa de los legisladores de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Patricio Cervantes y Fredy Rojas.
El proyecto pide en el primer cambio sustituir el inciso final del artículo 220 del COIP por el siguiente: “La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal no será punible. El Estado establecerá mecanismos adecuados para la rehabilitación integral y reinserción social de dichas personas”.
Fuente: El Universo
