El pasado 12 de agosto, el presidente Noboa, encabezó una marcha hacia la Corte Constitucional en Quito, luego de la suspensión parcial de varios artículos de tres leyes.
El Gobierno ya no quiere diferir la audiencia para tratar la inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Público. El 14 de agosto, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, envió un documento a la Corte Constitucional en el que desiste de su pedido y solicita, además, que la audiencia sea presencial.
«Desisto de dicho requerimiento (aplazamiento), y solicito que la audiencia para el día previamente convocado (18 de agosto) sea presencial, toda vez que los asuntos que se tratarán son de interés nacional y requieren el más alto nivel de garantía del principio de inmediación procesal», señaló el abogado Stalin Andino en el documento enviado.
Apenas dos días antes, el martes 12, el funcionario solicitó a la Corte Constitucional suspender, al menos 15 días, la audiencia convocada para el 18 de agosto de 2025, en la que se tenía previsto tratar la demanda de inconstitucionalidad planteada en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).
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El 12 de agosto, el Secretario Jurídico de la Presidencia pidió a la Corte Constitucional aplazar 15 días la audiencia para tratar la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Integridad Pública.
