El Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Energía y la Corporación Eléctrica del Ecuador, avanza en la contratación de 920 megavatios (MW) de generación térmica con el objetivo de que entren en operación durante 2026 y así garantizar la estabilidad del suministro eléctrico frente al aumento de la demanda.
La iniciativa contempla el uso de generación termoeléctrica, basada principalmente en diésel, como una alternativa para reducir la dependencia de las condiciones climáticas que afectan a las hidroeléctricas. Este plan surge en un contexto marcado por cortes de luz en varias ciudades del país y por la presión creciente sobre la red eléctrica nacional.
Para alcanzar la meta de los 920 MW, el Ejecutivo ha estructurado dos líneas de acción. La primera es el arrendamiento de generación de rápida instalación, que permitirá incorporar 525 MW mediante una inversión aproximada de USD 315 millones. Estos proyectos se integrarán a infraestructuras existentes en puntos estratégicos del país, con el fin de responder de manera inmediata a las necesidades del sistema.
Entre las centrales consideradas en esta fase se encuentran Salitral, Santa Elena, Pascuales, Guangopolo, Miraflores, Jaramijó, así como proyectos de mayor escala como Machala III y BOT Guayaquil. Esta modalidad funcionará como un soporte temporal mientras se consolidan soluciones estructurales de largo plazo.
El segundo eje del plan contempla la compra de equipos propios y la reposición de maquinaria obsoleta, lo que permitirá sumar alrededor de 395 MW adicionales, con una inversión cercana a USD 381 millones. Esta fase incluye proyectos como Esmeraldas III y IV, Durán, Santa Elena II, Quevedo II y otras centrales destinadas a modernizar la capacidad instalada del país.
Las autoridades han señalado que esta estrategia busca no solo cubrir la demanda creciente de electricidad, sino también fortalecer la soberanía energética del Ecuador. Actualmente, el país depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, lo que lo vuelve vulnerable a periodos de sequía o reducción de lluvias.
Además, la situación se ha visto agravada por la suspensión de la importación de energía desde Colombia, en medio de tensiones diplomáticas recientes, lo que ha limitado una de las principales fuentes externas de abastecimiento.
Con estas medidas, el Gobierno apunta a estabilizar el sistema eléctrico, reducir el riesgo de nuevos apagones y garantizar el suministro tanto para los hogares como para los sectores productivos del país.
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