El proyecto urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, y destinado a combatir las finanzas del crimen organizado, genera debate en la clase política y en la academia.
Para el reconocido penalista Pablo Encalada, la propuesta tiene algunas cortapisas que podrían tirarla abajo, a manos de la Corte Constitucional, ya que incumple uno de los señalamientos clave de la “urgencia económica”: tratar un solo tema.
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Encalada trató el tema con Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”.
Conflicto con la Constitución
Para el jurista, el proyecto de ley tiene un serio conflicto con la Constitución, y si bien podría ser útil, carece en algunos aspectos de viabilidad jurídica para aplicarlo.
Encalada precisó que, si bien en la Asamblea se atendieron algunos de los cuestionamientos, y ciertos temas del texto original fueron mejorados, todavía hay muchas observaciones pendientes.
A su criterio, es muy posible que la Corte Constitucional (CC), si alguien plantea una demanda, deje sin efecto la ley, precisamente porque incumple ciertos parámetros. Entre ellos, no es estrictamente “económica”.
Basta citar que la propuesta del Ejecutivo, facultaría a la Policía y a las Fuerzas Armadas a identificar a su criterio quiénes son combatientes y terroristas, y matarlos libres de toda responsabilidad.
No se necesita
El análisis del experto también abarcó la necesidad de esta ley, que está en debate en la Legislatura. Su opinión es tajante: no hace falta, siempre que exista voluntad política, que este gobierno sí tiene.
El penalista recordó que hace pocos días, el Bloque de Seguridad realizó un agresivo ataque contra puestos de minería ilegal, y logró la captura de familiares del principal narco ecuatoriano, “Alias Fito”. Y en ambas acciones, simplemente recurrió a leyes que ya existen.
Es decir, apuntó Encalada, no se requieren nuevas leyes para combatir al crimen organizado.
De hecho, existe una normativa contra el enriquecimiento ilícito privado, que no se aplica debidamente.
Conflicto Armado Interno no es algo claro
Encalada explicó que el derecho internacional identifica plenamente los detalles de una guerra. Y tales características no se ajustan al “Conflicto Armado Interno” que declaró el Gobierno Nacional.
Es decir, Ecuador coloquialmente puede establecer que está en guerra con las mafias, pero estrictamente en derecho no. A tal punto, que la propia CC le negó al presidente Noboa esa declaración.
