El presidente Daniel Noboa, dispuso la intervención temporal del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, uno de los principales centros de atención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil, con miras a recuperar el control institucional y reforzar su seguridad.
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Esta medida tiene tres objetivos, según consta en el Decreto Ejecutivo 318
Restablecer el control institucional y la continuidad del servicio de salud.
Prevenir, impedir, neutralizar, erradicar cualquier forma de coacción, intimidación o infiltración de grupos de delincuencia organizada en la gestión hospitalaria.
Proteger la vida e integridad de los servidores, trabajadores, pacientes y usuarios del hospital
La medida se adopta tras una serie de hechos violentos que han afectado al hospital en los últimos años, entre ellos el asesinato del jefe de Servicios Generales, Carlos Maruri, ocurrido este martes 3 de marzo, afuera de su domicilio en la ciudad, donde fue interceptado por hombres armados mientras se hallaba en su vehículo.
El documento también menciona el asesinato de Nathaly López Borja, directora administrativa del hospital, ocurrido en marzo de 2023 en el sector de La Pradera, en el sur de Guayaquil.
Según detalló Daniel Noboa en un pronunciamiento a través de X, el funcionario asesinado se habría negado a firmar contrataciones vinculadas a presuntas mafias que operarían dentro del hospital.
Mi solidaridad con la familia de Carlos Maruri Torres, responsable de servicios generales del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, víctima de los cobardes que intentan someter al sistema de salud a los intereses del crimen organizado.
Se negó a firmar contrataciones para mafias que…
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 4, 2026
El decreto de este miércoles 4 de marzo, señala que la intervención busca, entre otros puntos, prevenir la infiltración de grupos de crimen organizado en la gestión hospitalaria y neutralizar posibles presiones o intimidaciones vinculadas a procesos como contratación, adquisición de medicamentos e insumos médicos y administración de bodegas.
Durante el período de intervención, el Ministerio de Salud Pública asumirá directamente la administración del hospital y tendrá un plazo máximo de cinco días para designar a un interventor que ejercerá la máxima autoridad administrativa y operativa del establecimiento.
Se prevé que dentro de un plazo de treinta días, el Gobierno disponga de un inventario físico y documental de medicamentos, insumos médicos y dispositivos hospitalarios, así como un informe de revisión de los procesos de contratación y compras relacionados con abastecimiento, mantenimiento y seguridad.
El decreto agrega que el interventor deberá remitir informes periódicos a la Presidencia de la República, inicialmente cada quince días durante los primeros dos meses y posteriormente de forma mensual.
La intervención tendrá una duración inicial de 180 días, aunque el plazo podrá extenderse mediante un nuevo decreto si las autoridades consideran que persisten las causas que motivaron la medida.
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