A través de un corto comunicado, publicado a las 00:09 del 1 de junio, Jiménez apuntó que “se ha consumando una ilegalidad más” en el Legislativo. Cuestionó que asambleístas de diferentes bancadas, al destituir a Llori, “han decidido incumplir las medidas cautelares” que fueron otorgadas por el juez de Quitumbe, Pedro Troya.
El magistrado de la Unidad Penal del cantón Quito aceptó las medidas cautelares interpuestas por Marlon Santi, coordinador de Pachakutik y los legisladores de la misma tienda política Sofía Sánchez y Salvador Quishpe, jefe de bancada.
Troya determinó que se vulneraron los derechos constitucionales y legales del movimiento Pachakutik con la aprobación de la creación de la Comisión Pluripartidista ad hoc, que recomendó la salida Llori por incumplimiento de funciones, luego de la denuncia planteada por Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC).
El juez dispuso, entre otras cosas, que la presidencia y el pleno de la Asamblea deben abstenerse de conocer, tratar y resolver el informe aprobado el 25 de mayo por la comisión pluripartidista.
Con este antecedente, el ministro de Gobierno increpó que la destitución de Llori constituye “un acto arbitrario” que no solo afecta al Parlamento, sino que también perjudica a la estabilidad política del país.
