EL COMERCIO .- El proceso de juicio político llegó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ayer, viernes 31 de marzo de 2023. Así, para el Gobierno empieza la tarea no solo de preparar su defensa sino para evitar que existan los 92 votos necesarios para la destitución.
El ambiente en el Legislativo no es el mejor para Guillermo Lasso. Ese ha sido su principal foco de oposición y, con todas las bancadas, ha tenido cruce de acusaciones.
Pero, la situación es insalvable con el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC). Ambas bancadas son las más comprometidas con el juicio político. Fuera de ellos, de acuerdo con el criterio del analista político Pedro Donoso, el resto es un enigma.
El experto cree que no existirán los votos para la destitución. Caracteriza a la Asamblea como un espacio de negociación en el que operan las mayorías móviles. Ahí, por ejemplo, quien no tiene nada que perder, tanto para apoyar el juicio como para negar sus votos, es la Izquierda Democrática (ID).
Esa organización se ha visto mediada por sus conflictos internos. En ese escenario, Donoso dice que la ID no logrará nuevamente una votación como la que obtuvo en el 2021.
En Pachakutik tampoco hay nada seguros. El asambleísta Mario Ruiz, quien al inicio hablaba de votar a favor si la Corte Constitucional avalaba el proceso, ya ha dicho que hay que revisar las pruebas que se presenten.
Sin embargo, el escenario no es el mismo que el de junio de 2022, cuando la Asamblea intentó sacar a Lasso del cargo. Esta vez hay denuncias de supuesta corrupción, cuestionamientos por el manejo de las consecuencias el invierno y el cada vez más reducido capital político del Gobierno.
Para la catedrática universitaria, Caroline Ávila, eventos como el asesinato de Rubén Chérres, señalado como la persona que gestionaba cargos y amigo cercano del cuñado del Presidente, Danilo Carrera y la última cadena nacional, requieren de reacciones y urgentes por parte de Lasso. Esto porque podría complicar aún más el que consiga votos a su favor.
El trámite en Fiscalización
Donoso y el analista político Esteban Ron coinciden en que en esta mesa Legislativa se podría apostar por dilatar el proceso. El primero dice que es posible que entre en el limbo el proceso si en la mesa no hay los votos de lado y lado.
Ron considera que no sería ético. Sin embargo, al contar en la Comisión con el presidente, Fernando Villavicencio y la oficialista Ana Belén Cordero, podrían jugar con los tiempos. Así se llegaría al cambio de autoridades en la Asamblea para usarlo a su favor.
Hay 45 días desde que la Comisión de Fiscalización conozca el proceso para emitir un informe. Si se toma en cuenta que eso podría arrancar desde este lunes 3 de abril, el proceso debería culminar ahí antes del 14 de mayo, fecha en la que debe haber cambio de autoridades.
Villavicencio convocó a sesión de la Comisión de Fiscalización para mañana lunes 3 de abril del 2023. El viernes pasado, ante la consulta sobre cuándo se daría esa convocatoria dijo: “no hay apuros. Entiendo que hay apurados”. Añadió que se respetarán los plazos de Ley.
En lo jurídico, según Ron, lo que le queda al Gobierno es desvirtuar la acusación en la Comisión. Eso debería hacerlo sin dejar duda sobre no participación en el hecho imputado.
