La ofensiva del Estado contra la minería ilegal en Ecuador empieza a mostrar resultados contundentes. Según el Ministerio de Defensa, las operaciones militares ejecutadas desde inicios de 2026 han provocado pérdidas cercanas a los USD 2 000 millones a las estructuras criminales vinculadas a esta actividad.
El impacto se refleja en la destrucción de 714 campamentos ilegales y la inhabilitación de 981 accesos clandestinos a zonas de extracción. Además, las Fuerzas Armadas han eliminado maquinaria clave para estas operaciones, entre ellas 231 excavadoras y 150 dragas utilizadas en la explotación ilícita de minerales.
Parte de estas intervenciones se han desarrollado en áreas ambientalmente sensibles, como sectores del Parque Nacional Podocarpus, una zona protegida de alto valor ecológico que forma parte de la Reserva de Biosfera reconocida por la Unesco. Allí, las autoridades han desplegado operativos aéreos y terrestres para frenar el avance de estas actividades que afectan gravemente a los ecosistemas.
El Gobierno sostiene que esta estrategia busca no solo frenar el daño ambiental, sino también debilitar las finanzas de organizaciones criminales que operan alrededor de la minería ilegal, muchas de ellas vinculadas a otras economías ilícitas como el narcotráfico.
Estas acciones se enmarcan dentro del contexto de seguridad que atraviesa el país desde 2024, cuando se declaró el conflicto armado interno para combatir a grupos delictivos organizados. Pese a los avances, las autoridades reconocen que la minería ilegal sigue siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad y control territorial.
