“Guayaquil quiere acciones, no reuniones”, demandó la alcaldesa, Cynthia Viteri al mandatario para contrarrestar la violencia.
Las primeras tres preguntas de la propuesta de referéndum son para el presidente de la República, Guillermo Lasso la política pública necesaria para contrarrestar la inseguridad ciudadana y ahora busca posicionarlas para obtener el respaldo de las fuerzas políticas contrarias a su gestión y de la sociedad civil.
En medio de la algarabía por la celebración de los 202 años de fundación de Guayaquil, dar solución a la violencia que enfrentan sus habitantes fue la demanda que hizo la alcaldesa Cynthia Viteri al Gobierno nacional.
“Guayaquil está dispuesta a pelear como siempre. Pero, demanda del Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Guayaquil quiere acciones, no reuniones”, fueron entre otros, los reclamos de Viteri a Guillermo Lasso, durante la sesión solenme que se realizó este domingo 9 de octubre en la Plaza San Francisco, a la que asistieron autoridades de las funciones del Estado, entre ellos, el jefe de Estado.
Él le respondió que este es un problema estructural que no se arregla con “soluciones coyunturales” y que está encarándolo con fortalecimiento a la fuerza pública y al sistema de inteligencia y, responsabilizó de la violencia desatada en el país y sobre todo en la ciudad a la incautación de droga que ha dejado en los grupos delincuenciales un “hueco” por los $ 6 mil millones, según sus estadísticas.
No obstante, el mandatario le apuesta como estrategia a la iniciativa de referéndum a la que la nombró como la “consulta ciudadana” y por la que pidió “la unidad” de la población.
“Si nos movilizamos todos, tenemos a nuestra disposición un arma formidable, una arma democrática que nos garantiza la capacidad de defendernos: la consulta ciudadana. Con la consulta redoblaremos el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado; con la consulta los criminales transnacionales serán extraditados. Ahora estarán muy conscientes de que pagarán el durísimo precio de sus crímenes en otros países, donde la justicia sí funciona. Con la consulta, la Fiscalía dispondrá de más y mejores herramientas de investigación y personal especializado, para atacar a la impunidad de los delitos. Si nos movilizamos todos, si nos convocamos bajo el propósito unificador de la consulta, el camino a un país más seguro será más corto”, expresó Lasso en el cónclave.
La referencia es a las preguntas de enmienda a la Constitución que plantean que las Fuerzas Armadas puedan participar junto a la Policía Nacional en la seguridad interna; la extradición de criminales a otros países y, que la Fiscalía General sea un órgano independiente del Consejo de la Judicatura, pero que cuente con un Consejo Fiscal que evalúe a su personal.
Estas y otras cinco preguntas están en análisis de los jueces de la CC, para determinar si son constitucionales y no afectan derechos, garantías o alteran la Carta Política.
De ser calificadas y con ello, que la población se pronuncie en un referéndum ¿serán la solución al problema de inseguridad?
El catedrático Fernando Carrión cree que no. “Él está asumiendo políticamente un tema que debe ser enfrentado técnicamente, por lo que el presidente nos está planteando es que: si no aprobamos la consulta, la violencia se va a incrementar y eso no es así”.
En esa línea, si las preguntas no se aprueban en la Corte Constitucional o por el voto popular “en términos políticos va a ser un golpe, un batacazo para el presidente, pero en seguridad ciudadana la situación va a seguir siendo igual”.
Carrión explicó que el régimen está asumiendo una política explícita de seguridad, denominada ‘de mano dura’ con las dos preguntas; aunque ejemplificó: “de darse la extradición tiene que haber un pedido de un país específico y en ese caso, me imagino que lo que está haciendo es que los Estados Unidos pidan la extradición de algunas personas, pero será que enviando cinco, seis o diez personas al año ¿se va a reducir o eliminar la violencia en el país? Creo que no”, recalcó.