En su Informe Mundial 2023, la organización hace un análisis de la gestión y acciones de los gobiernos de la región para abordar problemas crónicos de DD. HH.
En su Informe Mundial 2023, Human Rights Watch (HRW) realizó un análisis de la gestión y acciones en el año que finalizó de los gobiernos de América Latina y el Caribe al momento de abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia.
Entre las falencias crónicas que determinó en el caso de Ecuador está que el país experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas, pero también que existió un uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y paro nacional, registrados en el 2022, que hicieron que estalle la violencia por parte de manifestantes o infiltrados.
“Las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso que se produjeron en junio pusieron de manifiesto problemas estructurales de larga data que afectan a las comunidades indígenas y a los hogares de escasos recursos. Los manifestantes protestaron contra el acceso inadecuado a la salud, la educación y el empleo, y por la eliminación de subsidios a los combustibles”, refiere.
HRW relata que “en Quito y Guayaquil, la policía respondió con incidentes de uso excesivo de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los incidentes incluyeron el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de gas pimienta”, sentencia el documento.
En esa ocasión, el presidente Guillermo Lasso defendió la actuación policial y HRW anticipó que lo investigaría y exhortó al Estado a elaborar una ley que regule el uso legal, adecuado y proporcionado de la fuerza con base en estándares internacionales de derechos humanos.
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“Me parece que hay un exceso de sensibilidad cuando la Policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a estos… como presidente del Ecuador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de la Policía Nacional, yo siempre voy a estar del lado de los policías”, afirmó Lasso en ese momento.
En el caso del paro nacional, que vivió el país por 17 días desde el 13 de junio pasado, la organización determinó que “la Policía Nacional respondió con un uso excesivo de la fuerza en varias oportunidades, disparando cartuchos de gas lacrimógeno de manera directa a los manifestantes o cerca de áreas que albergaban a niños y personas heridas”.
HRW afirma que “las protestas comenzaron pacíficamente, pero se tornaron violentas” y subraya que “los manifestantes culparon a infiltrados por los hechos de vandalismo, saqueos y el bloqueo de insumos médicos que debían ser entregados a hospitales” que se registraron en esas semanas.
Sobre los incidentes ocurridos en el paro, HRW refiere también que la organización no gubernamental Fundamedios documentó agresiones físicas y verbales, principalmente por parte de manifestantes, contra 114 periodistas, 40 camarógrafos y 80 medios de comunicación.
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Y en cuanto a las víctimas de la violencia registran en su informe que seis civiles y un militar murieron, y más de 300 personas resultaron heridas, según organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación ecuatorianos y que el Gobierno confirmó una muerte causada por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.
No obstante, según un informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador en coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), presentado a inicios de diciembre del año anterior, los fallecidos son nueve: Juan Manuel Sislema, Johnny Félix Muenala, Byron Guatatuca, Henry Quezada Espinoza, Franco Íñiguez Camacho, Marcelino José Villa Romero, José Polivio Chimarro Quishpe (miembro de las Fuerzas Armadas que murió en un operativo militar en Shushufindi), Francisco Guashco Poago y Juan Carlos Vargas Chango.
En el interior del país se ha denunciado que las familias de víctimas mortales del paro nacional siguen a la espera de que se haga justicia.
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En tanto, en el informe de HRW se destaca que en Ecuador entró en vigencia el 22 de agosto la Ley que prohíbe a las fuerzas de seguridad el uso excesivo, arbitrario o ilegítimo de la fuerza, y que establece que el uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas.
“La ley solamente permite el uso de armas letales cuando exista la amenaza de lesiones graves o muerte”, destacan.
Esta norma compuesta por 74 artículos y varias disposiciones generales, transitorias y reformatorias tiene por objeto normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado conferido a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas y precautelar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes.
La aplicación de la ley se rige por los principios contemplados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y ocho principios generales que tratan sobre coordinación entre entidades, dignidad humana, debido proceso, bienestar animal, pro ser humano, protección a la vida e integridad personal, respeto a los derechos humanos y transparencia.
En el documento de HRW se analiza también en un apartado los derechos de los pueblos indígenas relacionados con el paro nacional y se menciona el acuerdo de paz que se suscribió el 30 de junio entre autoridades del Gobierno y líderes indígenas y que derivaron en la instalación de diez mesas de diálogo para tratar las demandas que motivaron las protestas.
Estas mesas se extendieron por 90 días y concluyeron el 14 de octubre, con más de 120 acuerdos, destaca HRW, mientras en el país el Gobierno ha mencionado que fueron 218, en tanto que para la Conaie fueron menos y ha denunciado incumplimientos. Para febrero está previsto que realice una evaluación cualitativa y cuantitativa del tema y decida nuevas acciones.
En cambio, como recomendaciones generales HRW insta a todos los países de la región abordar la pobreza, que afecta a casi un tercio de la población, la corrupción y la inseguridad y dice que es crucial defender los derechos humanos a través de las instituciones democráticas.
Fuente: El Universo
