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“Ignorancia y osadía”: los términos que asambleísta Villavicencio lanza al correísmo

Picture of Por: Fernando Castilla Fassio

Por: Fernando Castilla Fassio

Ultima actualización: 2023-05-10 10:43:17

De “atrocidad jurídica” calificó el asambleísta independiente, Fernando Villavicencio, la resolución del Parlamento, que aprobó continuar con el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

En diálogo con “Punto de Orden”, el legislador advirtió que, en la jornada de ayer, la Asamblea mostró “ignorancia y audacia”, pues violentó toda clase de normas legales y constitucionales. Por ello su decisión de abandonar la sesión, para no ser cómplice.

Lo rescatable, dijo, es que la “oposición golpista”, como la llamó, cada vez tiene menos votos, lo que hace prever que la interpelación está caída, y no les alcanzará para la censura.

Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró haber cumplido su labor, incluyendo la elaboración de un informe motivado. Ese documento, el cual sugería no continuar el juicio político, estuvo a cargo de los asesores, como señala la ley, pero no fue aprobado. Es decir, jurídicamente no existía.

Al no existir un informe aprobado, dijo, la Asamblea mal podía votar sobre el mismo. Sin embargo, los correístas, “tramposos por naturaleza”, quisieron meter su propio documento, de 65 páginas, y que sí aceptaba seguir la interpelación, incluyendo temas no autorizados por la Corte Constitucional.

En su opinión, la asambleísta Viviana Veloz, impulsora del juicio, es dueña de enorme ignorancia y atrevimiento, pues violentó la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que hizo, anotó, equivale a tratar de meter un rinoceronte en un volkswagen.

Y para colmo, agregó, Veloz presentó una adenda del contrato de Flopec con Amazonas Tankers, es decir un anexo, como si se tratara de un nuevo acuerdo, con el fin de sorprender al Parlamento. Algo que confirma su ignorancia y osadía.

Seguramente, estimó, ese “informe” presentado por Viviana Veloz, fue creado “entre los delincuentes de Bélgica, México y Ecuador”.

Esta desesperación por hacerse con el poder, acotó, coincide con el inminente juicio en Estados Unidos al ex contralor, Carlos Pólit, que, por tratar de recortar su condena, habría ya confesado algunos delitos y delatado a sus cómplices.

De ahí que exhortó a la Corte Constitucional a intervenir, y destituir al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y a todos los legisladores que votaron a favor de seguir el juicio político, por atropellar su dictamen.

PSC: “crónica roja”

A su criterio, es vergonzosa la actuación del Partido Social Cristiano dentro de este proceso. Y la muestra es la actuación de la legisladora Nathaly Viteri, que aparece en comunión con “personajes de crónica roja”. Entre ellos mencionó a Pablo Muentes, “quien le ha robado 4 millones de dólares al Banco del Pacífico”, y Luis Almeida.

Villavicencio estimó que la complicidad de Saquicela, con el intento golpista del correísmo, solo se entiende por su afán de “seguir atornillado” al cargo.

El legislador insistió en que el juicio no solo está caído, sino en el fango. Y que la oposición, en su desesperación de tumbar al presidente, ahora le exige a la Comisión de Fiscalización que entregue el expediente físico, para tratar de encontrar algún argumento que sustente la ilegalidad, pues ya se percató que carece de la más remota evidencia del supuesto peculado.

Villavicencio anotó que él, si estuviera en el lugar del presidente Lasso, no acudiría a la Asamblea, pues no existe un informe motivado y, por tanto, un sustento de la acusación.

Muerte cruzada es necesaria

Para el legislador independiente, Lasso debería decretar la “muerte cruzada”, pues si ahora evade el cuarto intento de destitución, seguramente la oposición hará un quinto intento.

Villavicencio precisó que, lo que quiere el correísmo, es destituir al presidente, asumir el control del gobierno y la justicia, “liberar a los delincuentes que están presos”, y tomarse la Contraloría, a fin de eliminar los cientos de glosas que señalan a sus integrantes, implicados en actos de corrupción.

De ahí que la “muerte cruzada” sería un valioso recurso de sanidad mental y pública, para mandar a sus casas a unos legisladores que apenas cuentan con el 5% de aceptación popular.

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