Una de las preguntas de la Consulta Popular del 21 de abril (la “C”), y que recibió el voto mayoritario del “Sí”, estableció la futura conformación de salas especializadas, que serían las únicas autorizadas a conceder recursos constitucionales, como acciones de protección, recursos de amparo, habeas corpus, etc.
Para dar cumplimiento a la voluntad de la gente, el Consejo de la Judicatura (CJ) asumirá la creación de estas unidades.
De acuerdo a los cálculos, un año tardará el concurso para elegir a los nuevos magistrados. Entre los aspirantes se dará preferencia los juristas de mayor experiencia, que serán distribuidos de acuerdo a las zonas más pobladas.
Este concurso, según el CJ, podría costar alrededor de 6 millones de dólares.
El objetivo es tener jueces especializados que resuelvan estos temas, y poner fin al abuso de recursos concedidos por unidades provinciales, a veces de cantones remotos, que ni siquiera corresponden a la jurisdicción de los demandantes y demandados.
Una vez que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados de la consulta popular y referéndum en el Registro Oficial, emperezará a correr el plazo de un año para que el CJ organice el concurso. Su misión será integrar salas especializadas de lo constitucional en las cortes provinciales.
Todavía no se define cuántos serían estos nuevos magistrados, si bien desde ya se conoce que estarán bajo la disciplina del CJ.